CATALUNYA.-El TC admite a trámite el recurso del PP contra la ley catalana de colegios profesionales, vinculado con el Estatut

   MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que planteó el PP contra la Ley de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios Profesionales aprobada en mayo por el Parlament de Catalunya. La impugnación se vincula con el nuevo Estatut, que el PP ya tiene recurrido ante el TC.

   Esta ley catalana regula tanto los colegios profesionales como las profesiones tituladas para cuyo ejercicio es necesario un título universitario, fijando principios sobre las "condiciones de acceso a la profesión, las incompatibilidades y los derechos y deberes de los profesionales, así como un "régimen sancionador general" y la habilitación de las asociaciones profesionales como alternativa a los colegios.

   La Generalitat sacó adelante esta normativa tras sufrir la crisis que dejó fuera a ERC, con lo que la ley fue objeto de modificaciones en el trámite parlamentario auspiciadas por CiU y transaccionadas con los republicanos.

PROMETIERON APOYAR SU DEROGACIÓN.

   El PP ya presentó en su día una enmienda a la totalidad en el Parlament argumentando que es un proyecto "innecesario, intervencionista y profundamente centralista y sectario". Además, los populares comprometieron su apoyo a una futura derogación de la norma, algo que CiU anunció que acometerá si vuelve al Gobierno.

   Tras entrar en vigor, el Grupo Popular del Congreso formalizó su recurso de inconstitucionalidad contra una quincena de artículos de la ley, vinculándolo al artículo 125 del nuevo Estatut, que atribuye competencias a la Generalitat sobre los colegios profesionales y las profesiones tituladas.

   El PP proponía además incorporar al expediente del TC el dictamen que redactó en su día el Consell Consultiu (solicitado por CiU) para ratificar su convicción de que algunos puntos del proyecto son "claramente inconstitucionales".

   El recurso acaba de ser admitido a trámite por el TC, que en una resolución a la que tuvo acceso Europa Press abre un plazo de quince días para que las Cortes Generales, los gobiernos central y catalán y el Parlament decidan si se personan en el proceso.