LAS PRUEBAS DE ACCESO AL BACHILLERATO Y A LA FP (PABYFP):

UNA NECESIDAD URGENTE EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO (1/2)

Federación de sindicatos de Profesores de Secundaria (FPS)

Eduardo Calderón (USPL) Canarias)

Antonio Jimeno Fernández AMES (Catalunya)

Honorio Vega Guillen (ASPESCL) (Castilla - León)

1. Introducción

En estos momentos, a mediados de septiembre de 2004, existe el deseo unánime de que la siguiente Ley General de Educación sea una Ley que satisfaga a todos y, por lo tanto, que sea una ley que dure muchos años. Se pide que sea una Ley amplia, no reglamentista, que deje mucha libertad de actuación a las Comunidades Autónomas y que fomente la autonomía de los centros. Esto predispone hacia una ley muy general, es decir una Ley que pueda ser fácilmente aceptada por todos. Cuando se opta por dar mucha libertad se han de establecer los controles necesarios para asegurar que la educación que se imparte es de calidad y que llega a todos los ciudadanos.

En este escrito desde la FPS (AMES. ASPESCL y USPL) proponemos una medida que permitiría dar una gran libertad de actuación a las Comunidades Autónomas y a cada centro educativo, que disminuiría el fracaso escolar al final de la ESO, que aumentaría el nivel de preparación de los alumnos que acceden a la Formación Profesional y al Bachillerato, que no supondría ningún coste adicional a los actuales presupuestos del Ministerio, que fomentaría la actualización constante y voluntaria del profesorado, que permitiría regular el acceso a la Formación Profesional o al Bachillerato en función de las necesidades cambiantes de nuestra sociedad, que permitiría hacer cumplir en todas las Comunidades la impartición de los conocimientos mínimos que se fijen en cada materia y que permitiría conocer anualmente la situación exacta de nuestro sistema educativo y, por lo tanto, poder introducir las modificaciones que en cada momento sean necesarias. Antes de explicar dicha medida se exponen algunos ejemplos de situaciones a las que se ha llegado por la ausencia de esta medida.

2. La necesidad de establecer controles externos en aquellos sistemas educativos que están basados en la libertad de actuación de los centros

En este momento el Estado no ejerce ningún control externo en toda la enseñanza obligatoria. Debido a esta dejación de funciones unos centros tienen un criterio y otros tienen otro, es decir hay alumnos que aprueban la ESO en unos centros mientras que esos mismos alumnos en otros centros suspenderían. Es evidente que la Administración ha de empezar a controlar "que las calificaciones que dan los centros se corresponda con los conocimientos de los alumnos". La Administración ha de velar para que no se engañe a las familias diciéndoles que sus hijos están adquiriendo una determinada formación, cuando en realidad no están aprovechando suficientemente su, tal vez, única oportunidad de preparación. La única forma de controlarlo es realizando - la propia Administración - pruebas a los alumnos al final de cada etapa educativa, o, al menos, una al final de la enseñanza obligatoria, que es la única enseñanza que con seguridad cursan todos los ciudadanos. Es lo que se hace en muchos otros países europeos.

Para ello, en la futura Ley de la Enseñanza, además de introducir las mejoras que se consideren convenientes, es imprescindible el establecimiento de alguna prueba por parte de la Administración, que permita conocer anualmente la situación de nuestro sistema educativo. De nada sirve hacer una buena ley si no se establecen los mecanismos necesarios para hacerla cumplir y para conocer los resultados de su aplicación.

3. "Las Pruebas de acceso al Bachillerato y a la F.P." Un control externo eficaz sin los problemas que generaría una revalida de la ESO

Para evitar un innecesario aumento del fracaso escolar al final de la ESO, es decir un aumento del número de alumnos que no acaban la ESO en el tiempo previsto, lo mejor sería que las pruebas externas no fueran una especie de revalida, sino una "prueba de acceso a la FP y al Bachillerato", como lo son las actuales PAU (selectividad) para acceder a la Universidad. Es decir, unas pruebas que para presentarse fuera necesario haber acabado previamente la ESO y cuya superación fuera imprescindible para poder iniciar luego la F. P. o el Bachillerato, ya sea en el propio centro o en otro diferente.

El establecimiento de un sistema así, basado en los resultados, solucionaría muchos problemas. Por un lado disminuiría sensiblemente el fracaso escolar al final de la ESO ya que se podrían establecer unas competencias básicas más asequibles para todos, sin poner en peligro los niveles de exigencia de la F.P. y el Bachillerato, ya que la exigencia aparecería en las pruebas de acceso. Por otro lado, este planteamiento permitiría tener un sistema educativo plural, que es lo más adecuado para nuestro país, constituido por Comunidades Autónomas muy diferentes entre sí, y ello fomentaría la diversidad de innovaciones educativas y permitiría valorar que estrategias son realmente las más adecuadas.

4. Efectos positivos del establecimiento de una prueba de acceso a la Formación Profesional y al Bachillerato.

Una de las ventajas que aportarían las pruebas de acceso a la enseñanza postobligatoria sería su efecto disuasorio, es decir que ningún centro optaría por regalar las notas (actualmente está pasando en muchos centros, tanto de la pública como de la privada), aparentando un falso éxito educativo para así conseguir más alumnos. Pero el gran beneficio que se conseguiría con estas pruebas de acceso no es el de prevenir el fraude, sino un aumento muy significativo de calidad en nuestro sistema educativo, ya que producirían las siguientes mejoras:

  1. Debido a la exigencia que implica tener que superar una prueba externa para poder seguir los estudios, los alumnos se verían mucho más motivados a estudiar.
  2. Al volver a ser importante la preparación de los alumnos, sus profesores recuperarían la ilusión en su función docente y, debido a ello, su prestigio social.
  3. Se aseguraría un buen nivel inicial en todos los alumnos que acceden a la siguiente etapa educativa (Bachillerato y FP).
  4. Se podría controlar el cumplimiento de las leyes generales, tanto de las estatales como de las propias de cada autonomía. Si no resulta muy difícil él hacerlas cumplir.
  5. Se igualarían los contenidos y los niveles en todos los centros públicos y privados del país, con lo que sería posible el cambio de centro sin ningún tipo de dificultad, incluso entre Comunidades Autónomas diferentes.
  6. Se acabaría con la falta de profesionalidad de algunos docentes. En la actualidad, al no haber ninguna prueba externa al final de la ESO, cada vez son más los profesores que sólo imparten una tercera parte de los temas, con la excusa de que más vale ver pocos temas pero muy bien que muchos pero mal. Se trata de profesores que llenan el tiempo con actividades semilúdicas, de escaso valor formativo, simplemente porque implican menos esfuerzo para el profesor y para el alumno. La realidad es que están engañando a esos alumnos y a sus familias.
  7. Existiría un control objetivo y continuo por parte del Estado y por parte de las diferentes Comunidades Autónomas de la calidad de todos los centros, siendo pues un elemento objetivo para la evaluación de centros, de directores y de profesores. No hay mejor evaluación de centro que observar el resultado continuado de sus alumnos. Actualmente en nuestro país sólo existe un control así, que es el que realizan los alumnos que se presentan a las pruebas de acceso a la Universidad (PAU).
  8. Introduciendo las preguntas adecuadas en las pruebas de acceso se podría deslindar que alumnos pueden acceder a un Bachillerato y a una FP, cuáles sólo a un Bachillerato y cuáles sólo a una FP. De esta manera se podría propiciar un aumento del número de alumnos que inicien una formación profesional de calidad. Estos alumnos acabarán siendo buenos profesionales que no tendrán ningún problema de acceso al mundo laboral.

Finalmente cabe resaltar que la realización de estas pruebas no comportaría ningún gasto ni al Ministerio ni a las Consejerías de Educación, ya que al tratarse de pruebas de acceso a una enseñanza no obligatoria, al igual que pasa en las PAU, cada alumno debería pagar los gastos que genere la elaboración y la corrección de sus pruebas. Evidentemente las personas encargadas deberían ser los funcionarios docentes que imparten sus clases en los Institutos de Enseñanza Secundaria, es decir que serían ellos los responsables de evaluar también a los alumnos de los centros privados. Obviamente se evitaría, como sucede en las PAU, que los alumnos de los IES fueran examinados por sus propios profesores. Se debería establecer la opción de matrícula gratuita a dichas pruebas para aquellos alumnos que demostraran falta de recursos económicos.

5 Las pruebas de acceso a la Formación Profesional y al Bachillerato: una vía para conseguir un sistema educativo consensuado

La sociedad necesita saber que gane el partido que gane en las elecciones que sean, los colegios y los institutos funcionaran más o menos de forma muy parecida a como lo hacían antes de dichas elecciones. Se puede plantear que esto es muy difícil de hacer ya que, en algunos puntos, las opiniones entre los distintos partidos son radicalmente opuestas, pero si se analizan las discrepancias, se observa que la mayoría de ellas se originan porque hasta ahora todos los partidos políticos han pretendido detallar en exceso la organización interna y el funcionamiento de los centros, cuando lo que deberían haber hecho es dejarles más libertad de organización y de funcionamiento, y controlar más los resultados. No nos referimos exclusivamente los resultados académicos, sino también a los resultados de integración social del alumnado y de preparación para el acceso al mundo laboral.

Si se vuelve a hacer una Ley en la que se detalla mucho lo que se puede y lo que no se puede hacer en cada Comunidad Autónoma, para que así el Ministerio pueda controlar mejor el sistema educativo, difícilmente se va a contar con un amplio consenso. Es pues necesario hacer una Ley no excesivamente detallista y eso implica, para evitar la degradación progresiva de todo sistema que no está sujeto a determinados controles, el establecimiento de pruebas externas, como las aquí recomendadas. Éstas deberían ser realizadas por las diferentes Consejerías de Educación y coordinadas por el Ministerio, lo cual es imprescindible para que puedan ser comparables.

6. Las pruebas de acceso a la Formación Profesional y al Bachillerato: una vía para conseguir la autonomía real de los centros

Nuestro futuro sistema educativo no solo debería permitir sino fomentar que cada Comunidad Autónoma - y cada centro educativo en el ámbito de sus competencias -, decida la forma de organizarse que considere más adecuada. Por ejemplo, un centro debería tener libertad para no establecer grupos diferenciados en la ESO en un determinado año y, en cambio, poderlos establecer al año siguiente si la diversidad del nuevo alumnado así lo requiere; de poder dedicar más horas a una materia que a otra si se observa que los alumnos de aquel curso no van a llegar a los mínimos establecidos para la primera mientras que van muy bien de la segunda; etc. Lo importante es el alumno no la estructura. Es decir, lo importante es que cada alumno realmente adquiera la máxima preparación que en ese momento pueda adquirir y no que simplemente se cumplan las horas de escolarización establecidas.

Es pues necesario hacer una Ley que permita una gran libertad de organización a los centros y eso implica que, por las mismas razones antes comentadas, se establezcan controles externos, como son las denominadas "Pruebas de acceso al Bachillerato y la F.P." que nosotros proponemos. Sólo con pruebas externas así, puede la Administración permitir una gran autonomía de gestión sin peligro alguno para la calidad del servicio educativo.

Barcelona, septiembre de 2004

Eduardo Calderón

Miembro de del sindicato de profesores de Secundaria UCPL ( Canarias y Estatal)

Miembro de la Federación de Sindicatos de Secundaria (FPS)

Triana, 66 8 planta 35003 Las Palmas de Gran Canarias.

T: 928360798 (Canarias) T: 620266676 (Madrid)

E-mail: ecalcue1@yahoo.es . http:// http://club.idecnet.com/~ucpl/principal.htm

 

Antonio Jimeno Fernández

Presidente del sindicato de profesores de Secundaria AMES (Cataluña)

Miembro de la Federación de Sindicatos de Secundaria (FPS)

Apartat de Correus, 20.091. 08080 Barcelona

T: 933478475 y 659 002 871

E-mail: ames@telefonica.net http://amesweb.tripod.com

 

Honorio Vega Guillén

Presidente del sindicato de profesores de Secundaria ASPESCL-FPS (Castilla-León)

Presidente de la Federación de Sindicatos de Secundaria (FPS)

Rector Tovar, 2-8 37002 Salamanca

T: 923612263 y 658463296

E-mail: aspescl@eresmas.com http://www.aspescl.com