Oposiciones en el aire

La Vanguardia, 10 de maig de 2011

QUINCE mil ciudadanos se han inscrito en las oposiciones para obtener una de las 1.245 plazas de profesor de enseñanza secundaria que fueron convocadas oficialmente en Catalunya el pasado febrero y estaban previstas para el 18 de junio. No son estas unas oposiciones fáciles. Se calcula que los inscritos han debido dedicar entre uno y dos años al estudio para prepararlas. No son fáciles ni tampoco baratas. Muchos de los aspirantes han invertido unos dineros en ellas, matriculándose en academias para acudir a las pruebas con ciertas garantías, y luego pagando por la inscripción. Pues bien, además de nada fáciles y algo costosas, estas oposiciones parecen ahora improbables.

El Gobierno español ha solicitado su suspensión cautelar. La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se ha mostrado en desacuerdo con el número de plazas convocadas. A su modo de ver, Catalunya ha interpretado de modo inadecuado el artículo 23 de la ley de Presupuestos Generales del Estado. Según Salgado, a Catalunya no le corresponden más que 430 plazas. La diferencia entre una y otra propuesta es muy considerable: supera las 800 plazas. De nada ha servido que la Generalitat recordara que el número de 1.245 plazas estaba previamente acordado con el ministro de Educación, ÁngelGabilondo. Salgado se muestra inflexible y, de la misma manera que ha recurrido las oposiciones en Catalunya, Castilla y León y Navarra, dice que lo hará también en Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura. Pero todavía no lo ha hecho.

El colectivo de aspirantes a profesor de enseñanza secundaria puede ser el inmediatamente perjudicado por la decisión ministerial. No parece muy sensato invitarles a gastar tiempo, esfuerzo y dinero en pos de un objetivo para, a última hora, dejarlos en la estacada, compuestos y sin posibilidad de competir por el anhelado empleo. Pero, obviamente, este colectivo no es el único damnificado. El conjunto del estamento educativo, que tiene en la enseñanza secundaria uno de sus eslabones sometidos a mayor presión, va a verse sensiblemente debilitado si se reducen sus expectativas de crecimiento. Unas expectativas, por demás, que no estaban perfiladas al alza, sino con criterios de contención: el deseo inicial de la Generalitat era convocar alrededor de 3.200 plazas, pero redujo la cifra a bastante menos de la mitad, consciente del periodo de crisis que atravesamos. En suma, no es sensato que un país con la tasa de fracaso escolar que registra España se permita este tipo de bajas.

El conflicto que nos ocupa ha adquirido ya una dimensión política. La consellera de Ensenyament, Irene Rigau, ha hablado de "agresión a Catalunya". No es ajena a esta declaración la sospecha de que algunas autonomías podrían ser tratadas con distinto rasero por el Gobierno central. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha conversado con el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, con el deseo de pactar una salida airosa al desencuentro... Si estos últimos esfuerzos no producen el fruto deseado, alguien deberá dar explicaciones a las distintas partes perjudicadas. Es decir, a los opositores que en puertas del examen se ven desconvocados; al conjunto del sistema educativo, que aun en épocas de flaqueza económica debe preservarse, y, por supuesto, al conjunto del país, que se ve privado, por incomprensibles fallos de interpretación, de una mejor educación.