Mejor enseñanza con menos recursos

Editorial de La Vanguardia, 02/07/2012. Enlace a la Editorial a la WEB de La Vanguardia. Lunes 2 de julio de 2012

Estamos en puertas de una nueva reforma educativa, la enésima en tiempo de democracia, aunque en esta ocasión llega envuelta con el sugestivo título de ley de Mejora de la Calidad Educativa (LMCE), un concepto al que nadie podría dar la espalda, aunque la calidad de la enseñanza es algo que todos los ciudadanos deberían dar por supuesto. Sin embargo, no es así. La elevada tasa de abandono de los estudios, que ronda el treinta por ciento según las estimaciones más fiables, y el bajo nivel con el que los estudiantes llegan a las universidades en materias básicas, como las matemáticas, la capacidad de lectura y de escritura y el conocimiento de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, son pruebas de que nuestro sistema escolar precisa mejoras amplias y profundas.

En esta ocasión la reforma educativa llega en una etapa especialmente delicada a consecuencia de la crisis. No fue por casualidad que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunciara que se trataba de proveer a las comunidades autónomas -de las que depende directamente la educación- de las herramientas que permitan a los ciudadanos "acceder a una educación de calidad y cumplir a la vez con los objetivos de déficit". Se trata, pues, de mejorar la educación, pero también de reducir gastos, para que el sistema educativo alcance los anhelados niveles de calidad y resulte económicamente sostenible. En esta tesitura el propósito de abrir un amplio diálogo con la comunidad educativa y con los partidos políticos, declarado por el ministro, resulta estrictamente necesario si se quieren hacer bien las cosas. De momento, lo que está sobre la mesa es un anteproyecto de ley y no resultará sencillo concretarlo en una norma efectiva, que podría llegar al Parlamento a finales de este año, ni llevarlo a la práctica después.

La evaluación "externa", mediante pruebas específicas, a nivel estatal y para todos los alumnos, al final de primaria, secundaria y bachillerato, es el eje sobre el que gira el proyecto de reforma educativa. Además, la selectividad, tal como se realiza hasta el momento, desaparece y se pone en manos de las universidades establecer pruebas o requisitos propios para acceder a sus estudios de grado. En el caso de primaria, los alumnos deberán acreditar que saben leer, escribir, realizar las cuatro operaciones básicas de cálculo y tener nociones de un idioma extranjero. Desde luego, a nadie debería molestarle que para ingresar en ESO los alumnos cuenten con estos conocimientos elementales. También será preceptiva una evaluación general al finalizar cuarto de ESO, cuando habrá que escoger la vía hacia el bachillerato o hacia la formación profesional (FP). Para lograr el título de bachiller y para poder optar al ingreso en la universidad habrá que alcanzar, como mínimo, una nota de 5, obtenida en un 60% en dos cursos de bachillerato y en un 40% en la calificación de la prueba de reválida. Si tenemos en cuenta que hasta ahora se exige una nota de 4, huelga decir que a los alumnos se les va a pedir más esfuerzo.

Enseñanza de más exigencia y calidad con menos recursos. Este es, en líneas generales, el objetivo que se ha fijado el ministro. No será nada fácil alcanzarlo. Y está claro que para, al menos, acercarse a tal objetivo, la futura ley de Mejora de la Calidad Educativa debería perfilarse persiguiendo criterios de excelencia y evitando cualquier partidismo o interés político.