LOS GUIÑOS DE LA LOE

Rafael Coloma Gil

ANCABA

La LOE fue aprobada en el Congreso de los Diputados por una gran mayoría de partidos representados en la cámara (con la excepción del PP, la abstención de CIU y parte del Grupo Mixto), pero no de votos, pues obtuvo un apoyo incluso ligeramente inferior al que en su día consiguió la LOCE. Igualmente la ley tuvo el apoyo de algunos sindicatos (porque recogía compromisos ministeriales para la mejora del profesorado. FETE-UGT), confederaciones y asociaciones (porque tenían la esperanza de que la ley daría estabilidad al sistema educativo. CEAPA). Otros colectivos sindicales (STES, CSI-CSIF, ANPE), asociaciones profesionales (ANCABA, CDL) y confederaciones (CONCAPA) plantearon sus dudas, pensaron que la ley perjudicaría a la enseñanza pública, sería nefasta para los estudiantes o la veían con frialdad como una continuación de la normativa ya existente. Por tanto, el Gobierno no alcanzó ese gran pacto de Estado que anhelaba. Tuvo que conformarse con aprobarla por un escaso 52% de los votos.

Tanto el apoyo parlamentario como el sindical se pueden explicar porque esta ley da juego y sirve para los intereses de unos y otros. Es decir, seguramente hubo que hacer algunos guiños a ciertos partidos, a ciertos sindicatos, confederaciones y asociaciones para que la ley les fuera útil, les sirviera y, en consecuencia, pudieran darle su apoyo. Veamos algunas muestras.

Enseñanzas mínimas

La disposición adicional primera, apartado 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) atribuye al Estado una serie de competencias que debe ejercer y que, en cierto modo, tienen por objeto la vertebración del sistema educativo. Entre éstas figura la fijación de las enseñanzas mínimas.

El Gobierno, en su día, desarrolló el punto anterior y fijó en el art. 4, apartado 2, de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) que los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, en ningún caso requerirán más del 55 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial distinta del castellano, y del 65 por ciento para aquéllas que no la tengan.

En la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), artículo 8, apartado 2, se establecía que a los contenidos de las enseñanzas comunes les corresponde en todo caso el 55 por 100 de los horarios escolares en las Comunidades Autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua propia cooficial y el 65 por 100 en el caso de aquellas que no la tengan.

Había unas diferencias sustanciales entre la LOGSE y la LOCE. Por una parte, la primera de estas leyes tenía en consideración los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas. Un galimatías difícilmente explicable y que nos ha llevado a la nada, que obligaría a definir qué enseñanzas eran las mínimas y, una vez sentado esto, a ponerse de acuerdo sobre qué contenidos de esas enseñanzas mínimas eran los básicos. Además, la explicitación en ningún caso requerirán más del 55 ..... y del 65 por ciento no obligaba, evidentemente, a llegar a los máximos de los porcentajes de horarios escolares establecidos. Por otra parte, la LOCE tenía en consideración los contenidos de las enseñanzas comunes. Parecía más claro, se trataba de establecer los contenidos comunes para todas las Comunidades Autónomas, a los que les corresponderá el 55 por cien ……… y el 65 por cien, ni más ni menos.

El Proyecto de Ley Orgánica de Educación (22 de julio de 2005) siguió con redacción LOGSE y estableció en el art. 6, apartado 3 que los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas no requerirán más del 55% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial, ni del 65% para aquellas que no la tengan. Se volvía a las andadas, a la imprecisión.

La presión social (algunos sindicatos, asociaciones profesionales, etc.) hizo que el citado Proyecto se maquillase en algunos aspectos (en esa línea estuvo el dictamen emitido por la Comisión de Educación del Congreso sobre el Proyecto LOE), entre ellos ésta disposición. Así, la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece en su artículo 6, apartado 3, que los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por ciento para aquellas que no la tengan.

Aunque se ha corregido la indefinición de la redacción inicial del Proyecto, los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas de la LOGSE siguen estando ahí. Cui prodest?

Dirección de centros de Secundaria

La LOCE fue la primera ley educativa que planteaba la selección (no elección) del director, mediante concurso de méritos entre profesores funcionarios de carrera de los cuerpos del nivel educativo y régimen a que perteneciera el centro (art. 86.1). Ello, en la práctica, excluía al profesorado de Primaria (que imparte docencia en el primer ciclo de la ESO) del acceso a la dirección en centros de Secundaria. No obstante, hubo CC.AA que, de manera expresa, en las convocatorias correspondientes, incluían la posibilidad de que este profesorado pudiera tener también acceso a la dirección de los centros de Secundaria. Se llegó incluso a dictar una sentencia (Nº 205/05, Juzgado Contencioso/administrativo nº 3 de Zaragoza) anulando y dejando sin efecto una de las bases de la convocatoria (Base Primera, apartado 2.1.4) del Departamento de Educación de Aragón para la selección de directores, que fue impugnada por la Asociación de Profesores de Secundaria. En la citada Base se especificaba que "Los funcionarios del Cuerpo de Maestros adscritos al primer ciclo de la ESO, en razón de la disposición transitoria cuarta de la LOGSE podrán participar en el concurso de méritos para la selección de Directores de los Institutos y Secciones de Educación Secundaria".

La LOE ha mantenido la selección del Director mediante concurso de méritos, pero entre profesores funcionarios de carrera que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro (art. 133.3).

Se ha terminado la discusión, se ha abierto la puerta para que el profesorado del primer ciclo (maestros) pueda optar a la dirección de un centro en el que no puede impartir más que ciertas enseñanzas y en ciertos cursos y no pertenece al cuerpo de Profesores de Secundaria. Cui prodest?

Consejo Escolar

Durante la tramitación de la LOCE, algunos sindicatos, colectivos y confederaciones de padres/madres de alumnos llegaron a decir que se excluía a las familias de los centros docentes y que los directores de los centros ya no serían "democráticos". Se supone que estas manifestaciones venían a cuento porque en las atribuciones del Consejo Escolar del Centro no figuraba la elección del director ni la imposición de sanciones. Aspectos que habían estado bien considerados por diversas asociaciones (p.e. de Directores), pues (en el segundo caso) agilizarían los procedimientos disciplinarios. Obviamente, si la LOCE planteaba la selección del director, ya no era elegido por el Consejo Escolar. Elemental.

En la LOE el Consejo Escolar participa en la selección del director (es aceptable el planteamiento que hace la ley). No obstante, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, puede proponer la revocación del nombramiento del director (art. 127, d). Si al Consejo Escolar le corresponde solo un tercio de los vocales en la comisión de selección del director ¿por qué tiene el Consejo Escolar en exclusiva esta atribución? ¿Por qué no la tiene también el Claustro, que aporta otro tercio?

También es atribución del Consejo Escolar conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas (LOE, 127, f). Lo obvio no necesita glosa. ¿Dónde queda la autoridad del director?

Ya tenemos, pues, los objetivos cumplidos: las familias "vuelven" a la escuela y pueden enmendarle la plana al director en materia disciplinaria. Cui prodest?

Alumnado

La Disposición Final Primera de la LOE, en su apartado 5, añade un extenso párrafo nuevo al diminuto artículo 8 de la LODE. En la redacción de esta disposición se pretende estimular el ejercicio de la participación del alumnado y facilitar su derecho de reunión. Por ello, a continuación, se especifica lo siguiente: En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. Sin comentario.

Estamos ansiosos por ver cómo administran este "guiño" al alumnado las distintas CC.AA. Ese derecho de reunión, curiosamente, no figura entre los derechos básicos del alumnado recogidos en la misma disposición final primera (punto 3). Cui prodest?