15 ArtÍcles sobre la LOE publicats el 16-12-2005

  1. El PP presentará en el Senado una enmienda a la totalidad del proyecto de la LOE (Libertad digital)
  2. La CEE dice que pese a las enmiendas la LOE tiene "carencias" (Libertad digital)
  3. El Congreso aprueba la LOE menos de un mes después de que Zapatero prometiera que el tiempo no sería problema. (Libertad digital)
  4. El Congreso aprueba la ley educativa con el PP en contra y la abstención de IU y el BNG EL PAÍS - Sociedad - 
  5. Libertad para elegir y equilibrio de alumnos EL PAÍS
  6. El Gobierno arranca el apoyo del Congreso a la LOE a cambio de nuevos retoques en el Senado Mar Villasante LA RAZÓN
  7. «Fallan a la pública» LA RAZÓN 16-12-2005
  8. Una ley de mínimos al arbitrio autonómico. LA RAZÓN 16-12-2005. M. Villasante
  9. Los obispos denuncian que las enmiendas de la ley no garantizan la libertad educativa LA RAZÓN Sara Martín
  10. La situación del profesorado, a examen LA RAZÓN
  11. El Congreso aprueba la nueva Ley de Educación con el voto en contra del PP y la remite al Senado EL MUNDO
  12. El Congreso aprueba la ley de Educación, que causa la división entre Iniciativa e IU LA VANGUARDIA
  13. La LOE sale adelante con la única oposición del PP EL PERIÓDICO
  14. Adiós a la contrarreforma EL PERIÓDICO
  15. La LOE sale adelante con la única oposición del PP AGENCIAS / PAMPLONA

 

1.) El PP presentará en el Senado una enmienda a la totalidad del proyecto de la LOE

www.libertaddigital.com 16-12-2005

El portavoz educativo en el Senado del Grupo Popular, Adolfo Abejón, adelantó que volverán a presentar enmienda a la totalidad del proyecto de la LOE, con texto alternativo y memoria económica. También registrarán enmiendas al articulado en la línea de las presentadas en el Congreso, puesto que consideran que no se ha tenido en cuenta "nada" de sus propuestas al igual que "gran parte" de la comunidad educativa "no ha sido escuchada".

L D (Agencias) El portavoz popular en la Cámara Alta, Adolfo Abejón, lamentó que "no podemos cambiar nada", al explicar que el texto alternativo será similar al presentado en el Congreso, con alguna modificación sobre "todo aquello que ha empeorado, ha quedado a medias o se ha dejado sin resolver".

"Mantendremos una postura de defensa a todos los españoles que no se ven representados en la ley", resumió el senador del PP. A su juicio, "gran parte" de la comunidad educativa "no ha sido escuchada", haciendo alusión al Consejo Escolar del Estado, las comunidades autónomas gobernadas por el PP y representantes del profesorado, puesto que entiende que "una cosa es firmar un acuerdo puntual (en referencia a los alcanzados entre el MEC y sindicatos docentes de la pública y la privada) y otra apoyar la normativa.

"Una propina" para las comunidades

Así, Abejón adelantó que intentarán introducir cambios para solucionar el problema de la bolsa de interinos docentes y pedir que el Gobierno presente también informes sobre la situación del sistema educativo en el Senado, como hará en el Congreso. El PP también trabajará para conseguir un "compromiso de financiación anual" por parte del Estado, al creer que la memoria económica "engaña" a las comunidades autónomas dándoles "una propina": "El Estado debe comprometerse con unos recursos anuales para consolidar el sistema", dijo.

En esta línea, las enmiendas parciales que presente el PP también perseguirán asegurar unos contenidos comunes en el currículum de todas las comunidades autónomas, por entender que la regulación de la LOE permite la "desvertebración" del sistema educativo en 17 modelos diferentes. "Están primando los intereses particulares por encima del futuro de España", criticó el portavoz de Educación del PP en el Senado, además de acusar a la futura ley de "penalizar" la igualdad de oportunidades.

"Con el PP no ha habido diálogo"

Tras lamentar que la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, no se haya reunido con el PP para negociar la reforma educativa, Abejón se mostró partidario de un pacto sobre el sistema de enseñanza "para todos los españoles". "Con el PP no ha habido diálogo ninguno", aseguró.

En esta línea, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha convocado Comité Ejecutivo del PP para el lunes, en el que uno de los temas a los que se prestará especial atención será el fin de la tramitación del proyecto de la LOE en el Senado, por considerar que lo que se ha hecho hasta ahora es perder una oportunidad "importante" de abordar el fracaso escolar, según explicó el secretario general del PP, Ángel Acebes.

A su juicio, hasta el momento no se ha aprovechado la oportunidad para llegar a un gran pacto educativo, "que buena falta hace en España". En este sentido, Acebes señaló en rueda de prensa en Génova que con el proyecto de la LOE que aprobó ayer el Pleno del Congreso de los Diputados "no se supera la LOGSE".

 2.) La CEE dice que pese a las enmiendas la LOE tiene "carencias"

"NO SE ACLARAN" SOBRE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA www.libertaddigital.com

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha mostrado preocupado por las "carencias" que todavía contiene el proyecto de ley Orgánica de Educación (LOE), pese a las enmiendas introducidas, por lo que abogan por un pacto de Estado en el Senado durante su tramitación. Los obispos manifiestan que todavía es "posible mejorar una Ley que suscita gran interés y preocupación en todos los sectores sociales".

L D (EFE) En un comunicado, la CEE destaca que "el texto enmendado de la LOE causa también a los Obispos una gran preocupación", y añade que "las serias carencias" de este proyecto de Ley, puestas de relieve por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal el pasado 28 de septiembre, "no han sido debidamente subsanadas y, en algunos puntos, han aparecido nuevos motivos de inquietud". Es más, añaden, "todavía no debería excluirse la posibilidad de alcanzar el exigible gran pacto de Estado que, por desgracia, no se ha dado hasta el momento".

Los prelados, que reiteran su disposición a negociar, dicen que su deseo con esta declaración "es contribuir a que tales derechos sean reconocidos y tutelados del mejor modo posible por una Ley que será, sin duda ninguna, decisiva para la educación de la juventud y, por tanto, para el futuro de nuestra vida social en justicia y libertad". La LOE, con las enmiendas, "no garantiza como es debido los derechos referentes a la libertad de enseñanza de los que son titulares los padres de los alumnos, en primer lugar, y, también, la iniciativa social".

Y añaden que el proyecto "no se inspira en el principio de subsidiariedad, según el cual, los poderes públicos regulan las condiciones necesarias para que la sociedad pueda ejercitar por sí misma los deberes y los derechos que son originariamente propios de ésta". El comunicado mantiene que la LOE tiene una concepción "estatalista de la educación como servicio público", si bien, reconocen, que "atenuada en algunos aspectos" tras las enmiendas introducidas, para añadir que esa concepción "sigue lastrando el conjunto del texto legal".

"Por lo que toca a la obligación y al derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus opciones pedagógicas y morales, eligiendo el proyecto educativo que les parezca más conducente a dicho fin, la LOE enmendada no regula adecuadamente dicho deber y derecho", según los prelados.

"No se aclaran" con la Educación para la ciudadanía

Acerca de la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía, la CEE critica que "como no se aclaran de modo preciso cuáles sean su finalidad y sus contenidos, persiste la posibilidad de que el Estado imponga a todos, por este medio, una formación moral al margen de la libre elección de los padres y de los centros". "Ha de quedar claro, agrega el comunicado, que esta asignatura no se convertirá, por ejemplo, en un medio de indoctrinación obligatoria en la "ideología del género", a la que el texto enmendado de la LOE hace ahora alusión en la Exposición de motivos".

Los obispos denuncian asimismo que la enseñanza de la religión católica siga discriminada por no ser una asignatura equiparable a las demás materias fundamentales, y dicen que la nueva regulación del profesorado de religión "no reconoce satisfactoriamente los compromisos adquiridos por el Estado con la Iglesia Católica, en virtud del Acuerdo correspondiente".

 

3.) El Congreso aprueba la LOE menos de un mes después de que Zapatero prometiera que el tiempo no sería problema

PASTOR REPROCHA LA FALTA DE VOLUNTAD PARA NEGOCIAR

www.libertaddigital.com 16-12-2005

No hace todavía un mes desde que Zapatero se reunió con los convocantes de la manifestación contra la LOE. Entonces, el presidente se comprometió a negociar: "El tiempo no va a ser un problema", dijo. Tras una única reunión del grupo socialista con la plataforma LOE-NO –la ministra de Educación nunca les recibió- en la que no hubo ninguna respuesta a sus propuestas, el Congreso aprobó este jueves la Ley Orgánica de Educación con el voto en contra del PP. La plataforma LOE-NO anuncia movilizaciones.

L D (Agencias) El Pleno del Congreso aprobó este jueves el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) con el respaldo de PSOE, CiU, ERC, PNV, ICV , CC y EA, el voto en contra en solitario del Grupo Popular y la abstención de IU, BNG, ChA y NB. El texto legislativo, que pasa al Senado, salió adelante en el Congreso con 184 "síes", 134 "noes" y 7 abstenciones. El PSOE ha manifestado la disposición de seguir dialogando con vistas a eventuales modificaciones del proyecto en el Senado, informa Efe.

Los grupos minoritarios que apoyaron la ley indicaron que no les satisface completamente, pero reconocieron avances en la negociación parlamentaria y renuncias de todos con vistas al consenso. En cuanto a la CONCAPA, convocante de la manifestación del 12-N, ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de engañarles y ha anunciado que se volverán a movilizar.

Durante el debate , la diputada del PP, Ana Pastor, ha denunciado que la ley impone un modelo viejo y superado en Europa y ha reprochado al Gobierno su falta de voluntad para negociar. El obispo de Tortosa, monseñor Javier Salinas, ha recordado en declaraciones a COPE, que la Iglesia no ve con buenos ojos esta ley porque no reconoce suficientemente el valor social de la Educación y pone demasiadas cortapisas a la libertad de elección de los padres.

La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, que no recibió a las organizacines contra la LOE, agradeció "muy sinceramente" el trabajo hecho desde la mayoría de los grupos parlamentarios "con la responsabilidad que la sociedad reclama para la Educación". "Estamos votando una ley educativa que afecta de manera muy significativa al futuro de nuestro país", reconoció durante su intervención en el Pleno para cerrar el debate sobre la reforma.

4.) El Congreso aprueba la ley educativa con el PP en contra y la abstención de IU y el BNG Añadir a Mi carpeta

SUSANA PÉREZ DE PABLOS / CARMEN MORÁN - Madrid

EL PAÍS - Sociedad - 16-12-2005

Los socialistas logran el apoyo de la mayoría de los grupos nacionalistas para su reforma

El Congreso de los Diputados dio ayer su apoyo al proyecto de Ley Orgánica de Educación con 184 votos a favor de cinco de los ocho grupos políticos (PSOE, CiU, ERC, PNV-EA y Coalición Canaria), así como de Iniciativa per Catalunya (que forma parte de Izquierda Verde). En contra votó el Partido Popular y hubo siete abstenciones (IU, el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai). El texto, que será debatido en los próximos meses en el Senado ha sido modificado en el Parlamento mediante 163 enmiendas parciales y transaccionales propuestas por diversos grupos. Esta ley deroga la polémica Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE), promovida por el PP.

El PP cree que la LOE no genera "ilusión y esperanza" para dar solución a los problemas

El Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) -la reforma que modifica de nuevo todo el sistema educativo no universitario- con el rechazo del PP y la abstención de Izquierda Unida (IU), BNG, Chunta y Nafarroa Bai. Aunque los diputados de IU votaron ayer a favor de la mayoría de las modificaciones aprobadas mediante enmiendas, decidieron no seguir la misma línea en la votación final del conjunto de la ley. El resto de los miembros de este grupo, agrupados en Iniciativa per Cataluña, sí votaron a favor.

El texto recibió el apoyo tanto de los nacionalistas catalanes como vascos. Sus representantes políticos destacaron el respeto de esta nueva norma a las competencias autonómicas, comparando en varias ocasiones éste con el "inaceptable" texto de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), como dijo el portavoz de Educación del PNV, Aitor Esteban.

Hace casi tres años (el 19 de diciembre de 2002), el Parlamento aprobó la Ley de Calidad, que fue promovida por el PP, y la apoyaron, aparte de los populares, sus entonces socios de Coalición Canaria. El resto de los grupos votó en contra. Esa ley (cuya aplicación fue paralizada por los socialistas en mayo de 2004) fue recurrida al Tribunal Constitucional por diversas comunidades autónomas por invasión de competencias.

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, se congratuló de que los grupos que han apoyado la ley "representan a la mayoría de los españoles". "Podemos mejorar el sistema educativo y lo vamos a hacer", dijo.

El proyecto de la LOE pasará ahora al Senado, donde se debatirá durante los primeros meses de 2006. El Gobierno prevé que esta ley sea aprobada definitivamente en primavera. La LOE deroga tres leyes -la LOCE, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los centros (LOPEG)-. Esta integración en una sola de todas estas leyes (menos la ley educativa más básica, la LODE, que regula el Derecho a la Educación) ha sido muy aplaudida por los grupos parlamentarios y las organizaciones sociales, ya que esta situación ha dado lugar en los últimos años a un laberinto de normas y desarrollos que han complicado el sistema educativo.

El Parlamento dio el visto bueno a la ley con 184 votos a favor procedentes de cinco grupos parlamentarios al completo (PSOE, CiU, ERC, EA-PNV y Coalición Canaria), así como de Eusko Alkartasuna e Iniciativa per Catalunya. El texto recibió 134 votos en contra del PP y siete abstenciones, de IU (tres diputados) y del Grupo Mixto -dos del Bloque Nacionalista Galego (BNG), uno de la Chunta Aragonesista y uno de Nafarroa Bai-.

El reciente acuerdo entre el Gobierno y la escuela concertada, así como las modificaciones en la misma línea realizadas en el texto a petición de CiU, han pesado más para el grupo de IU, que otras medidas introducidas en la ley a petición de su propio grupo parlamentario Izquierda Verde -formado por IU (tres diputados), e Iniciativa per Catalunya-Verde (dos) -, como el compromiso de establecer una financiación específica para la educación pública durante 10 años.

No ha sido así para Iniciativa per Catalunya, cuyos diputados votaron a favor de la norma y argumentaron su apoyo en la "esperanza de que esta ley sirva para la cohesión social". "Hoy es un momento muy importante y emotivo, hay que tranquilizar a los sectores de la población que están preocupados por el futuro de la escuela pública. Esta ley ordena las dos redes educativas, la pública y la concertada y garantiza la cohesión. Tanto la pública como la concertada supondrán la misma oferta educativa para todos", dijo la portavoz, Carme García. "Hasta ahora seleccionaban los centros y ahora hemos garantizado que quienes escojan sean las familias", añadió.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, aunque insistió en que la ley supone un "avance", justificó su abstención con tres razones: la "falta de controles" en la admisión de alumnos tras los cambios acordados con la concertada, el rechazo del Gobierno a prohibir a los colegios privados que separen a niños y niñas en distintas clases (IU defiende la "coeducación") y la exigencia no satisfecha de que la asignatura de religión se saque del programa escolar o, al menos, se estudie al principio o al final del horario escolar y sin alternativa. "No es una abstención por rechazo, sino una abstención a la expectativa y exigente", explicó Llamazares.

La diputada del PP y responsable de Política Social en su Ejecutiva, Ana Pastor, volvió a acusar al Ejecutivo de hacer una "tramitación virtual" de la LOE y de haber conseguido un "consenso virtual" con la concertada: "¿Dónde está firmado el acuerdo con la enseñanza concertada? ¿Quién lo firmó?", se preguntó Pastor. El PP considera que la LOE no genera "ilusión y esperanza" para dar solución a los problemas del sistema educativo, como el fracaso escolar, y que "no garantiza las enseñanzas comunes" en toda España. "No somos insumisos, pero tampoco sumisos", añadió Pastor.

El portavoz de Educación del PSOE, Raimundo Benzal, destacó el respeto a las competencias autonómicas que impregna la LOE y criticó que "en las comunidades en las que gobierne el PP haya una imposición desde el partido para, por ejemplo, establecer dónde tienen que poner las recuperaciones". El BNG mostró su "hondísima discrepancia" con la ley, aunque reconoció que es "más progresista" y con un "centralismo menos avasallador" que la LOCE. En cambio, ERC, socios del Gobierno, se mostraron "satisfechos" por el respeto a las competencias y porque "la escuela pública sale potenciada", dijo el portavoz de Educación, Francesc Canet.

Tanto CiU como el PNV presentaron un voto particular porque no están de acuerdo con el artículo que fija las enseñanzas comunes para todos los territorios. Pero apoyaron la ley. El portavoz del grupo catalán, Josep Antoni Duran i Lleida, dijo sentir "gran satisfacción" y anunció nuevas enmiendas pactadas con el PSOE para seguir reformándola en el Senado.

Los obispos lamentaron las "carencias" de esta ley y pidieron que no se excluya aún la posibilidad de un pacto de Estado.

 5.) Libertad para elegir y equilibrio de alumnos

Los centros públicos y concertados tendrán que armonizar la escolarización de inmigrantes

CARMEN MORÁN - Madrid

EL PAÍS - Sociedad - 16-12-2005

Imprimir Enviar Recomentar Corregir Estadísticas Versión en PDF Versión sólo texto Aumentar, reducir tamaño del texto

La nueva ley educativa, aprobada ayer en el Parlamento, incorporará algunas novedades a las aulas españolas, que luego habrán de ser desarrolladas con detalle en decretos posteriores. Muchas de ellas se han ido recogiendo mediante enmiendas negociadas con unos y otros grupos parlamentarios. Son las siguientes:

- Libertad de elegir colegio. "Los padres tienen derecho a escoger centro docente, tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos...". La libertaad de elección de centro ha sido el caballo de batalla del PP y las organizaciones conservadoras. La incorporación de este artículo ha suavizado las posturas.

- Admisión de alumnos. La Administración establecerá la proporción de alumnos con necesidades de apoyo educativo (inmigrantes sobre todo) que deban ser escolarizados en los centros públicos y privados y "garantizará los recursos personales y económicos" para ello. Los centros podrán elevar el número de alumnos por aula un 10% cuando lleguen inmigrantes iniciado el curso, puesto que no habrá plazas reservadas para ello. Estas medidas se adoptarán en zonas cuyas condiciones socioeconómicas y demográficas "supongan una necesidad de apoyo educativo".

- Repetir curso. En ESO se repetirá cuando se suspendan tres o más asignaturas aunque, "excepcionalmente", el alumno podrá pasar al siguiente curso con tres suspensos si así lo deciden sus profesores. Las comunidades organizarán las recuperaciones. Las que gobierna el PP lo harán en septiembre. Los alumnos podrán repetir curso sólo dos veces en los cuatro años de la etapa y nunca el mismo curso, salvo si se trata de 4º de ESO, el último.

- Directores. Los equipos directivos podrán imponer medidas disciplinarias en el centro. Los procedimientos sancionadores para estas conductas se agilizarán.

- Enseñanza concertada. Las escuelas concertadas tendrán más dinero en general y aún más en la medida en que incorporen a sus aulas a alumnos con necesidades de apoyo, inmigrantes en su mayoría. El salario de sus profesores se irá equiparando progresivamente con los de la escuela pública. Las comunidades deberán garantizar plazas suficientes para el ciclo de infantil de 3 a 6 años, bien en centros públicos, bien en concertados.

- Sexo e ideario del centro. El sexo no será una razón para no admitir a un alumno o alumna en un centro. Eso impedirá que haya colegios de niños o de niñas, una circunstancia que se da en la actualidad y que ha sido muy criticada desde la izquierda. Pero IU criticó ayer esta medida porque cree que no impedirá que separen a niños y niñas en clases distintas. Ha sido una de las claves para abstenerse en la votación de la ley. Por otra parte, los alumnos deberán respetar el ideario o proyecto educativo del centro en el que se matriculen.

- Vías formativas en 4º de ESO. En este curso, los alumnos podrán agrupar las materias en diferentes opciones o vías formativas. Los centros ofrecerán la totalidad de las opciones siempre que haya alumnos suficientes para ellas.

- Huelga de los alumnos. Esta ley permite a los alumnos no asistir a clase cuando esa decisión sea fruto de una reunión previa entre ellos y así lo comuniquen a la dirección del centro.

- Servicios complementarios. Se impulsarán en las escuelas públicas los servicios complementarios (comedores, desayunos) y actividades para ampliar su oferta educativa atendiendo a las nuevas demandas sociales. Se trata de mantener en el centro a los alumnos más allá del horario escolar.

- Lectura obligada. En primaria y secundaria se dedicará un tiempo diario obligado para la lectura en clase. Todos los centros tendrán una biblioteca y las Administraciones las dotarán del material suficiente en los próximos años.

6.) El Gobierno arranca el apoyo del Congreso a la LOE a cambio de nuevos retoques en el Senado

Mar Villasante

LA RAZÓN 16-12-2005

Izquierda Unida se desmarca del proyecto y se abstiene a última hora por el respaldo a la escuela concertada y la Religión

Madrid- El Congreso de los Diputados dio ayer un prudente visto bueno al proyecto de Ley Orgánica de Educación del Gobierno de Zapatero. Con la oposición frontal del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida -dos votos en blanco que cayeron como un jarro de agua fría en las filas socialistas- la reforma educativa salió adelante con algunas llamadas de atención de nacionalistas catalanes y vascos, especialmente por el establecimiento de enseñanzas mínimas.

A estas matizaciones se sumaron en la calle las advertencias de distintas organizaciones de izquierda -UGT, Comisiones Obreras, Ceapa, Canae y Faest- que consideraron que el Gobierno tiene que rematar cuestiones que no están suficientemente claras en la reforma, como son su financiación, la definición de las redes pública y privada y la escolarización equitativa del alumnado inmigrante en ambos centros.

La LOE superó su primer trámite parlamentario -ahora pasará al Senado- con 184 votos a favor (PSOE, CiU, ERC, ICV, CiU, PNV, CC y EA), los 134 del PP en contra y las 7 abstenciones de IU, BNG, CHA y Nafarroa Bai. Los de Gaspar Llamazares al final se desvincularon del proyecto del Ejecutivo por las diferencias surgidas a raíz de las últimas concesiones a la escuela concertada y el tratamiento de la Religión (que pedían fuera del horario escolar). Sus compañeros de Iniciativa per Catalunya-Els Verds hablaron de la «incomodidad» de Izquierda Unida ante «una parte de la ley» aunque quisieron destacar que en realidad «no fue un voto negativo».

La postura, en todo caso, no consiguió desinflar la inusitada euforia con la que la ministra de Educación afrontó la aprobación de su proyecto. Arropada por los portavoces de Educación de PSOE, ERC y IC-IV, María Jesús San Segundo proclamó que «este país no se va a rendir ante el reto de darle la mejor formación a los jóvenes». Opinión en absoluto compartida por la secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, que insistió en que la ley aprobada no resuelve el fracaso escolar, no apuesta por la escuela pública y no es la que España necesita para resolver sus problemas. Por ello, reiteró su disposición a dialogar para que el Ejecutivo incorpore unas propuestas, las populares, que consideró «de sentido común».

En el debate parlamentario, tanto los nacionalistas vascos como los catalanes de CiU y ERC expresaron su inquietud por la redacción final del controvertido artículo 6 de la ley, por el que el Estado fijará el 55 por ciento de las enseñanzas mínimas en las comunidades con lengua propia (65 en el resto), y por que los posteriores desarrollos reglamentarios puedan rebasar esos márgenes. Sin embargo, coincidieron en que el texto supone un avance sustancial en el ámbito competencial de las autonomías sobre la Ley de Calidad.

CiU decidió apoyar la reforma por el «giro sustancial» que le dieron los retoques sobre la libertad de elección de centro y el apoyo a la escuela concertada. Un «voto positivo abierto», en todo caso, a seguir negociando para que la ley mejore los aspectos competenciales. De hecho, el portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran Lleida, anunció al término del debate que siguen negociando con los socialistas para introducir nuevos cambios en el Senado.

El portavoz socialista de Educación, Raimundo Benzal, prometió a los grupos parlamentarios que se retomará el diálogo para acometer posibles modificaciones en la Cámara Alta y anunció un incremento de 760 millones en la memoria económica que acompaña a la LOE para llegar a una inversión de 7.033 millones hasta el año 2010.

Si los nacionalistas quieren más, los populares denunciaron el «desapoderamiento del Estado de competencias fundamentales». Pastor alertó de una indefinición del proyecto que genera «inseguridad jurídica» y apuntó que las palabras «podrá» o «podrán» se repiten hasta 163 veces. «No sería bueno volver a un sistema como el que hemos vivido los últimos 15 años», explicó Pastor, y sentenció: «Si la Logse ha rebajado el nivel de exigencia de los alumnos, esta Logse dos los condena al desconocimiento». Entre los defectos de la legislación, citó la posibilidad de que los alumnos pasen con tres suspensos, que no quedan asegurados los contenidos de ESO (con Física, Química o Latín como asignaturas optativas) y que la redacción de la libertad sigue siendo ambigua.

El PP apoyó un voto particular de CiU -que fue rechazado por el Congreso- para evitar que haya un concejal o representante de cada ayuntamiento en los consejos escolares de los centros concertados.

Las organizaciones convocantes de la manifestación del 12-N se mostraron decepcionadas con el texto aprobado y auguraron un «caos total y absoluto» en el sistema educativo. Después de seguir el debate en las gradas del hemiciclo, junto con consejeros de Educación de diversas comunidades, anunciaron nuevas movilizaciones para frenar la reforma.

7.) «Fallan a la pública»

LA RAZÓN 16-12-2005

 La secretaria de Política Social del PP aseguró que la LOE impone un modelo «viejo y superado», con el que el Gobierno «falla a la escuela pública, a los profesores y a los alumnos». Añadió que «quedan aún tres meses para la esperanza», en los que el PP espera que el texto legal se pueda enmendar en su paso por el Senado.

Izquierda Unida se desentendió finalmente de apoyar el texto del Gobierno por las concesiones a la concertada y la enseñanza de la Religión. Sus compañeros de IC-IV lanzaron un mensaje «tranquilizador» para la escuela pública: «No supone un paso atrás, sino que consolida y da garantías de continuidad».

El portavoz parlamentario de CiU acusó a ERC de actuar de forma «claudicante» con el Gobierno, por el solo hecho de haber negociado con ellos, llegando a votar en contra de los intereses de Cataluña. CiU seguirá negociando porque «nuestra labor no acaba aquí» y porque «no ha dado por ultimado su trabajo».

La presidenta de esta patronal de centros concertados advirtió de la inseguridad jurídica que genera la ley y anunció que «el único camino que se nos plantea es pasar por los tribunales, con una constante demanda contra el Gobierno y la comunidad autónoma». A su juicio, se ha querido «matar» a la concertada.

Los religiosos de la enseñanza

-mayoritarios en la escuela concertada- señalaron que, si bien la LOE no es la ley educativa que propugnan, el desarrollo parlamentario y la negociación con el PSOE han introducido mejoras que permiten ahondar en la búsqueda de un mayor consenso.

8.) Una ley de mínimos al arbitrio autonómico

LA RAZÓN 16-12-2005

M. Villasante

La reforma educativa reconoce derechos que luego pueden ser revisados por las comunidades

Madrid- Las negociaciones de última hora permitieron avanzar en el tratamiento de la concertada y de la libertad de enseñanza, aunque muchos aspectos quedan pendientes de la regulación autonómica.

- Repeticiones: Los alumnos de ESO repetirán curso con tres suspensos, salvo que los docentes consideren que las asignaturas no le impiden seguir. Sólo se podrá repetir una vez por curso y habrá pruebas extraordinarias y planes de refuerzo.

- Enseñanzas mínimas: Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las comunidades autónomas con lengua propia y el 65 por ciento para el resto.

- Educación para la ciudadanía: Se añade a esta nueva asignatura el apéndice «y los derechos humanos». Se dará en Primaria y Secundaria.

- Cualificación profesional: Programas para mayores de 16 años -excepcionalmente de 15- que no hayan obtenido el título de ESO, para su inserción sociolaboral.

- Religión: Será de oferta obligatoria por los centros y elección voluntaria para los alumnos, como en la Logse. Los profesores tendrán contrato laboral a propuesta de la Iglesia.

- Gratuidad de la Infantil: Las autonomías ofertarán plazas en los centros públicos y concertarán con los privados, en función de su programación. El Estado garantizará la gratuidad del segundo ciclo.

- Secundaria: Los alumnos tendrán planes de diversificación de materias desde 3º de ESO.

- Derecho de huelga: Se reconoce el derecho de reunión de los alumnos, sin que la ausencia en clase sea sancionada cuando haya sido previamente comunicada al director.

- Disciplina en las aulas: El director podrá imponer medidas disciplinarias. El Consejo Escolar podrá revisar las sanciones impuestas a un alumno por falta muy grave.

- Universidad: Para acceder a la Universidad será necesario superar una única prueba a la que se podrán presentar todos los alumnos en posesión del Título de Bachiller, que se obtendrá sin prueba específica.

- Admisión de alumnos: Las comunidades autónomas garantizarán el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro, con una «adecuada» distribución de los inmigrantes. No habrá discriminación por raza, sexo o religión.

- Servicio público: La educación es un servicio público que puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de la libre enseñanza.

- Concertación: Los centros podrán acogerse (que no solicitar) al régimen de conciertos. Tendrán preferencia los que atiendan a poblaciones escolares desfavorecidas.

- Carácter de los centros: La matriculación de un alumno en un centro privado o concertado supondrá respetar su proyecto educativo.

- Cuotas y aportaciones: Los centros concertados no podrán cobrar cuotas a las familias ni obligarlas a hacer aportaciones a fundaciones.

- Programación: Las autonomías programarán las plazas y garantizarán una oferta pública suficiente, «especialmente» en las zonas de nueva población. Primará la eficiencia en el uso de los recursos.

- Garantías: Se establecen áreas de influencia para los centros. Las administraciones podrán constituir comisiones de garantías para supervisar la admisión. Las familias podrán presentar las solicitudes directamente en el centro que deseen.

Reserva de plazas: Las administraciones podrán reservar plazas para los inmigrantes y autorizar un aumento de hasta el 10 por ciento de alumnos por aula.

9.) Los obispos denuncian que las enmiendas de la ley no garantizan la libertad educativa

LA RAZÓN 16-12-2005

Sara Martín

La Conferencia Episcopal pide un pacto de Estado para subsanar las «serias carencias» del texto

Madrid- Las enmiendas incluidas en el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) y que fueron aprobadas ayer en el Congreso para pasar al Senado no son, ni muchísimo menos, suficientes para el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal. Sus integrantes (el presidente de la CEE y obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez; su vicepresidente y arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares; los cardenales de Madrid y Sevilla, Rouco Varela y Amigo Vallejo; los arzobispos de Barcelona y Oviedo, Lluís Martínez Sistach y Carlos Osoro; y el secretario general y portavoz del episcopado, Juan Antonio Martínez Camino) así lo ponen de manifiesto en un comunicado en el que reconocen su «grave preocupación» por las «serias carencias» del texto, que aún no han sido «debidamente subsanadas».

Lo hicieron público durante la reunión que mantuvieron ayer en la sede de la calle Añastro, después de que la Asamblea Plenaria de los obispos delegara el pasado noviembre en ellos para buscar soluciones oportunas en la negociación con el Gabinete de Zapatero sobre la LOE. Por ello, y a pesar de mostrar su descontento con las enmiendas incluidas en el texto, los prelados consideran que «no debería excluirse la posibilidad de alcanzar el exigible gran pacto de Estado que, por desgracia, no se ha dado hasta el momento».

Terminología ambigua. En primer lugar, el Comité Ejecutivo recuerda que el texto «no garantiza como es debido los derechos referentes a la libertad de enseñanza», esto es, a «educar a sus hijos de acuerdo con sus opciones pedagógicas y morales». Además, la nota de los obispos critica duramente que los baremos de asignación de los puestos escolares se sometan en la LOE al «ambiguo» término de «necesidades de escolarización»: la demanda de las familias seguirá así «sin ser considerada prioritaria», aseguran. También denuncian que la Ley «no se inspira en el principio de subsidiariedad según el cual los poderes públicos regulan las condiciones necesarias para que la sociedad pueda ejercitar por sí misma sus deberes y sus derechos».

En segundo lugar, el Comité Ejecutivo muestra su desconfianza hacia la nueva y polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, sobre la que el Estado aún no ha dado cuentas sobre su finalidad y sus contenidos: «Persiste la posibilidad de que el Estado imponga a todos una formación moral al margen de la libre elección de los padres y de los centros, con lo que se vulneraría el derecho de libre elección y el de libertad ideológica y religiosa», recuerda la nota. Los obispos se muestran preocupados porque la nueva asignatura se convierta en «indoctrinación obligatoria» para los alumnos.

«Los motivos de preocupación, son, pues, graves», continúa la nota. Pero, en cualquier caso, los obipos creen que aún es posible «una nueva ocasión para el acuerdo y para el pacto». A pesar de que el diálogo entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno en materia de Educación ha sido en los últimos tiempos nulo, los obispos no se muestran contrarios a iniciar conversaciones: «Por lo que a nosotros toca, tendemos una vez más la mano para el diálogo y la búsqueda de soluciones justas», concluye el comunicado del Comité Ejecutivo.

Pero los obispos también tuvieron tiempo ayer para repasar otros temas no menos actuales: una alternativa a la financiación de la Iglesia, muy cuestionada en los últimos tiempos por parte de algunos miembros de la Ejecutiva socialista; la unidad de España, por la que apuestan una gran mayoría de prelados, tal y como informó LA RAZÓN el pasado miércoles; y, por último, el borrador del Plan Pastoral para el próximo trienio, que se elaboró en la última Asamblea Plenaria de los obispos el pasado noviembre.

10.) La situación del profesorado, a examen

LA RAZÓN 16-12-2005

El comunicado emitido ayer por el Comité Ejecutivo también hace una importante mención al estatuto académico de la enseñanza de la Religión, muy devaluada con el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación: «Sigue sin garantizarse su oferta a quienes libremente opten por ella, como una asignatura equiparable a las demás materias fundamentales y sin que su elección suponga discriminación alguna ni para los que la cursen, ni para quienes no lo hagan», explica. Los obispos consideran que estas medidas de la LOE «van en detrimento de la dignidad académica e incluso del futuro de esta enseñanza». Además, el comunicado hace una mención especial a la situación del profesorado de Religión que, recuerdan, «no es conforme con la jurisprudencia existente sobre la materia». Para el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, se ha introducido una nueva regulación del profesorado de Religión «que no reconoce satisfactoriamente los compromisos adquiridos por el Estado con la Iglesia Católica, en virtud del Acuerdo correspondiente».Aun así, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal confía en que «en el Senado sea posible lograr una fórmula jurídica que garantice las justas reivindicaciones laborales de los profesores de Religión y, en particular, su estabilidad laboral».La nota de prensa de los prelados insiste en que «todavía es posible mejorar una Ley que suscita gran interés y preocupación en todos los sectores sociales».

De momento, una vez aprobada por el Pleno del Congreso la LOE, habrá que esperar a su paso por el Senado, donde deberá ser revisada y votada para volver, en su caso, al Congreso para recibir la aprobación definitiva, previsiblemente en el primer trimestre de 2006. El tiempo dirá silas objeciones de obispos y otras organizaciones educativas conseguirán realizar más enmiendas o no a la LOE.

 

11.) El Congreso aprueba la nueva Ley de Educación con el voto en contra del PP y la remite al Senado EL MUNDO 16-12-2005

MADRID.- El Pleno del Congreso ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) con el respaldo de PSOE, CiU, ERC, PNV, ICV, CC y EA, el voto en contra en solitario del Grupo Popular y la abstención de IU, BNG, ChA y NB. Ahora, seguirá su trámite en el Senado.

El texto legislativo, que pasa al Senado, salió adelante en el Congreso con 184 síes, 134 noes y siete abstenciones.

Los grupos minoritarios que apoyaron la ley indicaron que no les satisface completamente, pero reconocieron avances en la negociación parlamentaria y renuncias de todos con vistas al consenso.

El PSOE manifestó la disposición de seguir dialogando sobre posibles modificaciones del proyecto en el Senado.

La votación en el Congreso ha venido precedida de la defensa de enmiendas por parte de cada uno de los grupos. Se trataba de las mismas enmiendas ya defendidas y votadas (algunas rechazadas) en la Comisión de Educación del Congreso el pasado 28 de noviembre y que sirvieron para modificar la propuesta legislativa inicial del PSOE.

La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, agradeció "muy sinceramente" el trabajo hecho desde la mayoría de los grupos parlamentarios "con la responsabilidad que la sociedad reclama para la Educación". "Estamos votando una ley educativa que afecta de manera muy significativa al futuro de nuestro país", reconoció durante su intervención en el Pleno para cerrar el debate sobre la reforma.

Tras cumplirse el trámite parlamentario, las organizaciones anti-LOE -que lideraron la marcha del pasado 12 de noviembre- han anunciado que convocarán "manifestaciones o movilizaciones" y "harán todo lo que esté en su mano para informar a la población del desastre educativo que se avecina", como acudir a los tribunales. "Nos jugamos la libertad de enseñanza, la libre elección de centro, la desvertebración del país y el nivel de la educación", afirman.

Los ejes de la Ley

Según el dictamen de la Comisión sobre el proyecto, la Educación se concibe como un servicio público esencial de la comunidad, que puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social.

El 55% y el 65% del horario escolar, según sean Comunidades con lengua cooficial o no, se dedicarán a los contenidos básicos de enseñanzas mínimas

Las administraciones regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice "el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro".

La religión católica será de oferta obligatoria en los centros y de carácter voluntario para los alumnos, y la enseñanza de las demás se ajustará a los acuerdos del Estado con las otras confesiones.

El 55% y el 65% de los horarios escolares se dedicarán a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, según sean autonomías con lengua cooficial o no.

Los alumnos podrán repetir una vez en Primaria y dos en Secundaria Obligatoria (ESO), y sólo en una ocasión por curso. En ESO, promocionarán con dos materias suspensas como máximo, y "excepcionalmente" con tres cuando el equipo docente lo considere oportuno.

Las administraciones educativas regularán las condiciones para que los centros organicen pruebas extraordinarias de recuperación. Entre las novedades, se incorpora una nueva área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Acompaña a la ley una memoria económica de unos 7.000 millones de euros compartidos en cinco años entre la Administración central (en torno al 60%) y las autonómicas (40%).

 

12.) El Congreso aprueba la ley de Educación, que causa la división entre Iniciativa e IU

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ - LA VANGUARDIA MADRID

La reforma del sistema pasa al Senado tras recibir el voto en contra sólo del PP

La mayoría de los diputados aprobó ayer la que será la sexta ley educativa de la democracia. Al final, IU se desmarcó de Iniciativa per Catalunya y votó en blanco. Los obispos se motraron "preocupados" e insistieron en negociar la LOE.

La portavoz de Izquierda Verde vincula la abstención de IU con la "incomodidad" de algunos sectores sociales con la ley

 

La ley de Educación (LOE) superó ayer el trámite en el Congreso de los Diputados con el voto en contra sólo del PP. Votaron a favor PSOE, CiU, ERC, PNV, Iniciativa per Catalunya, Coalición Canaria y EA. El grupo parlamentario de Izquierda Verde no mantuvo una posición unitaria, ya que Iniciativa per Catalunya apoyó el texto mientras que los tres diputados de Izquierda Unida decidieron abstenerse. También votaron en blanco BNG, Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai. Para los socialistas, este "amplio apoyo político" será una garantía de estabilidad de la sexta ley educativa de la democracia.

La división en el grupo Izquierda Verde reflejó, según su portavoz, Carme Garcia, que "parte de la ley ha incomodado a un sector de la sociedad y eso se ha trasladado al grupo". "Izquierda Unida está respondiendo con esta abstención a esa incomodidad", confesó.

Iniciativa per Catalunya y ERC admitieron que habían hecho concesiones "en aras del consenso", pero recalcaron que la nueva ley cumple con cometidos fundamentales como la defensa de la escuela pública. Además, "garantiza que todos los centros sostenidos con fondos públicos asumirán la matriculación de alumnos de todo tipo", defendió Francesc Canet (ERC).

El texto enmendado que llega ahora al Senado recibió el apoyo de sindicatos como UGT y CC. OO. y de las organizaciones mayoritarias en la concertada católica, mientras que los obispos españoles expresaron su "grave preocupación" y pidieron poder negociar la LOE. "Estamos a tiempo de no dejar pasar una nueva ocasión para el acuerdo", señalaron a través de una nota.

Tanto el PP como las organizaciones que convocaron la manifestación del 12-N insistieron en que esta reforma abunda en los errores de la Logse, genera inseguridad jurídica y no servirá para combatir el fracaso escolar. Los anti-LOE amenazaron con nuevas protestas y adelantaron que están dispuestos a recurrir la ley ante los tribunales.

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, defendió que con la nueva ley "podemos mejorar el sistema y lo vamos a hacer". El portavoz del PSOE, Raimundo Benzal, anunció que la memoria económica de la reforma se ha incrementado en 760 millones de euros hasta superar los 7.000 millones. Benzal afirmó que el 80% del esfuerzo económico para aplicar la ley corresponderá a la escuela pública.

A pesar de su voto a favor, PNV y CiU avanzaron que continuarán negociando con los socialistas para introducir nuevas modificaciones en la tramitación en el Senado. Entre las enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados destacan el compromiso de que el gasto educativo quedará equiparado con la media europea, limita la promoción de curso hasta con dos asignaturas suspendidas - tres, en casos excepcionales-, prevé una actualización de la financiación de la concertada y especifica el porcentaje de materias comunes que fija el Estado.

El plan de las autonomías gobernadas por el PP de coordinar sus normas unificadas sobre educación no universitaria planeó sobre el debate. Ante las acusaciones de insumisión del PSOE y las formaciones que apoyan la LOE, la portavoz popular, Ana Pastor, replicó: "No somos insumisos, pero tampoco somos sumisos".

13.) La LOE sale adelante con la única oposición del PP

EL PERIÓDICO Jordi Ccasabella

MADRID

En contraposición al exiguo respaldo que recibió la ley de calidad (LOCE), que fue aprobada en diciembre del 2002 con el voto favorable de su artífice, el PP, y Coalición Canaria (CC), la norma que viene a sustituirle, la ley orgánica de educación (LOE), obtuvo ayer el apoyo de cinco de los seis mayores grupos del Congreso de los Diputados. La última versión de la norma recibió el espaldarazo de PSOE, CiU, ERC, PNV y Coalición Canaria, además de ICV y Eusko Alkartasuna (EA), una mayoría de 184 diputados entre 325. Frente a ellos, los 134 parlamentarios del PP rechazaron la ley.

El trámite, que deja la norma lista para enviar al Senado, donde previsiblemente reciba algún ligero retoque antes de que en tres meses se publique en el BOE, se saldó con siete abstenciones: tres de IU, que considera que en su afán por consensuar la ley con los grupos más conservadores al PSOE se le ha ido la mano podando artículos, y los del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Chunta Aragonesista (CHA) y Nafarroa Bai (NB), cuyas enmiendas no han tenido la acogida que esperaban. Paradójicamente, ICV, la formación hermana de IU, con la que comparte grupo, no tiene la misma percepción que el partido que lidera Gaspar Llamazares y dio su espaldarazo a la LOE.

PROS Y CONTRAS

Durante la sesión, los partidos que han apuntalado la ley se deshicieron en parabienes al compararla con la LOCE, aunque tampoco evitaron señalar aquello que no les gusta y que, en el recorrido parlamentario que le resta o en su despliegue, aspiran a cambiar.

Carme Garcia, de ICV, valoró en su intervención el compromiso financiero que figura en la propia ley y que "en 10 años permitirá la equiparación (de la inversión pública en educación) con Europa". Precisamente ayer, la memoria que acompaña a la LOE creció de los 6.031 millones de euros iniciales a 7.033, de acuerdo con actualización que se ha hecho en base a las enmiendas a los presupuestos generales del 2006.

Aitor Esteban, del PNV, criticó el "paso atrás" que supuso la reformulación del artículo que fija que a los contenidos básicos habrá de dedicarle el 55% del horario escolar en las autonomías con lengua cooficial. Su partido prefería el enunciado previo, que posibilitaba una lectura más a la carta. Por contra, celebró que se hubiera incorporado al articulado su propuesta para mejorar la situación laboral del profesorado de Religión, "un colectivo hasta ahora maltratado". Defendió su voto señalando que se trataba de "un avance sustancial" respecto a la LOCE.

ERC, por boca de Francesc Canet, aplaudió la potenciación que se hace de la escuela pública y deploró que la Religión no salga del currículo como su formación reclamaba. Por la tarde, la consellera de Educació, Marta Cid, volvió a aludir a la regulación de la materia confesional como uno de los motivos de insatisfacción que halla en la ley. Canet subrayó que las renuncias hechas en aras del consenso no afectaban a "los elementos troncales" de la ley.

Mercè Pigem, de CiU, alabó la consideración que otorga el último redactado a la escuela concertada, que inicialmente se contemplaba como "una anomalía", que haya exámenes de recuperación en junio o septiembre y que con tres suspensos sólo se pueda promocionar en la ESO de forma extraordinaria. "Se ha conseguido dar un giro sustancial", dijo, que justificaba su apoyo.

 

14.) Adiós a la contrarreforma

EL PERIÓDICO

MADRID

La escuela selectiva, jerárquica y uniforme, que concibió el equipo de la exministra Pilar del Castillo para poner remedio a los males educativos, convalece en el congelador desde el 14 de marzo del 2004, tras la victoria electoral socialista. Su final está escrito en las disposiciones finales del proyecto de ley aprobado ayer en el Congreso. Cuando éste entre en vigor en los próximos meses, de la ofensiva que el PP puso en marcha para diluir las reformas educativas de los años de Gobierno socialista apenas quedará rastro.

Valiéndose de los errores de aplicación de la LOGSE, una ley que también fue aprobada, en 1990, con los únicos votos en contra del PP, el Ministerio de Educación ideó la ley de calidad (LOCE), una norma que no ocultaba su desprecio por la escuela pública y las competencias de las comunidades autónomas. El catedrático de Filosofía Luis Gómez Llorente, que fuera presidente de las Cortes Constituyentes, la ha descrito como una ley que "transpira por los cuatro costados la ideología neoliberal que ahora inspira a la derecha española". Y añade: "Algunos piensan que a una sociedad de clase corresponde una escuela clasista. Es la lógica del conservadurismo".

Dejar de estudiar

El diseño de los denominados itinerarios educativos en la ESO, pensados para separar a los alumnos más aptos, encaminados hacia el Bachillerato, de los menos capaces, a los que se empujaba hacia la Formación Profesional o hacia los Programas de Iniciación Profesional, a los que se podían acoger voluntariamente a los 15 años, mostraba bien a claras ese clasismo."Si un alumno de 15 años no quiere estudiar y pide dejarlo, no hay que retenerlo", afirmaba Del Castillo por entonces.

Pero lo peor es que la ley de calidad no imponía a todos los centros la realización de itinerarios, lo que daba pie a la creación de centros de primera, los privados, y de segunda, los públicos, que escolarizan en mayor medida a alumnado con dificultades de aprendizaje.

Todo ello venía aliñado con grandes dosis de retórica sobre el valor del esfuerzo, que conducía a repetir curso con más de dos suspensos. Se pasaba de un extremo a otro: de la promoción automática que se preconizaba en la LOGSE a la rigidez de las repeticiones, todo ello en aras de la lucha contra el fracaso escolar, cuando se trata de una práctica en vías de extinción en los países donde el alumnado obtiene mejores rendimientos.

La LOE encara la situación de forma menos estricta. Prescribe la organización de "grupos y materias de forma flexible" para atender a la diversidad del alumnado y prevé refuerzos y un seguimiento exhaustivo para los repetidores, algo básico si se pretende que la permanencia del alumno en el mismo curso durante otro año tenga alguna utilidad. Habrá repeticiones con tres suspensos, pero prevalecerá el criterio del profesorado. Y se dará juego a las comunidades autónomas, como se ocupó de recordar ayer la ministra María Jesús San Segundo en el Congreso. "Si vamos a mejorar el sistema educativo va a ser con la colaboración de las autonomías", aseguró.

 15.) La LOE sale adelante con la única oposición del PP

AGENCIAS / PAMPLONA

JUAN MESTRE / PALMA

El Gobierno de Navarra no se sumará al "modelo educativo común" pactado por las comunidades autónomas en las que gobierna el PP. Así lo anunciaron ayer el presidente navarro, Miguel Sanz, y el consejero de Educación, Luis Campoy, respectivamente, que explicaron que el desarrollo de la ley orgánica de educación (LOE) se realizará según las necesidades la autonomía.

"Nosotros no queremos sumarnos a ninguna iniciativa de esas características", dijo Sanz, en referencia al anuncio del PP de que en sus comunidades elaborarían unos temarios comunes de Historia, Geografía y Literatura y que convocarían exámenes de recuperación en septiembre para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). "Las leyes están para cumplirse, y dentro de la ley nosotros desarrollaremos la misma conforme a nuestras necesidades, nuestras demandas y nuestros objetivos políticos y sociales", explicó Sanz.

El Gobierno balear tampoco tiene intención de alejarse de la LOE, aunque utilizará toda la autonomía que ofrece la ley a las comunidades autónomas, explicó el conseller de Educació, Francesc Fiol. Añadió que impartir una formación común y fijar exámenes en septiembre no es ir contra la nueva ley educativa.

PACTO EN MADRID

Fiol también negó que la decisión adoptada por los consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por el PP haya sido adoptada por la dirección de este partido, sino que, dijo, se corresponde con la voluntad de los ejecutivos autonómicos. "El hecho de que la reunión se haya celebrado en Madrid es irrelevante, podría haber sido en Cádiz o en La Coruña, lo importante del hecho es quién se reunió allí", dijo Fiol.

El conseller balear aseguró: "No es el PP de Madrid el que nos dice lo que debemos hacer, sino que todos reunidos con la gente de Génova sede de la presidencia del partido decidimos lo que tenemos que hacer".

USO LEGÍTIMO

En Catalunya, la consellera de Educació, Marta Cid (ERC), expresó su deseo de que las diferentes comunidades autónomas hagan un "uso legítimo" de sus competencias para desplegar la LOE. "Pido, por el bien de los territorios, que el despliegue de la ley se haga con un uso legítimo de las competencias que tenemos, no en contra de nadie, sino de manera respetuosa con la legalidad vigente", dijo.