Conflictividad y violencia escolar en Canarias

Inmaculada García. Presidenta del Sindicato UCPL

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 Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.

Pitágoras

 

 Existe la violencia escolar en Canarias? Si quisiéramos responder a esta pregunta nos encontraríamos con un escollo difícil de salvar: la falta de datos fiables. Los medios de comunicación recogen solo casos aislados, los más llamativos, que son tratados además desde una óptica no siempre objetiva. La Administración Educativa probablemente posee estadísticas oficiales, pero no suelen publicarse ni están al alcance de cualquiera; quizás no interesa sacar a la luz la realidad de un problema que podría ensombrecer el estado de idílica normalidad en que la Consejería de Educación Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias desarrolla su labor cotidianamente. Probablemente el diagnóstico más acertado sobre la situación de los centros de Secundaria en las islas se hace desde las aulas, aunque este hecho no permita dar una visión de conjunto. Aún así, la violencia en las aulas de los centros de Secundaria de Canarias existe y espera aún la aplicación de medidas que permitan resolver los casos cotidianos y prevenir la aparición de nuevas situaciones.

Pero ¿qué factores favorecen la aparición de casos de violencia escolar? Es una respuesta variada y compleja. En esta comunicación vamos a intentar dar una visión de conjunto de las causas del problema, así como del tratamiento que la LOE hace del mismo en su redacción actual y sus posibles soluciones.

Existe un punto de partida para explicar muchas de las situaciones que se dan en los centros educativos: la educación no está de moda; estudiar no es una prioridad para los jóvenes y sus familias; la obtención de un título académico no se considera necesariamente el resultado de un fuerzo personal, sino como una obligación de la Administración del Estado para con sus ciudadanos y, por último, el docente no es considerado un agente de desarrollo social respetable: es parte del funcionariado del Estado y está sujeto a un profundo descrédito que la Administración pública no ha sabido o no ha querido mitigar. Todo esto explica en parte muchas de las situaciones que se viven en los Institutos de Secundaria.

Un hecho de violencia aislado puede darse en cualquier centro que trabaje con menores y en cualquier momento. Sin embargo, lo realmente preocupante es la existencia de centros en los que la violencia está presente de manera reiterada. Para comprender esta circunstancia es preciso conocer el entorno en el que se inscriben esos Institutos. En Canarias, como en el resto de las comunidades españolas, se produjo a partir de los años sesenta un proceso migratorio del campo a las ciudades y a los centros turísticos de la costa. Se trataba esencialmente de trabajadores del campo, con escasa formación, que engrosaron un sector servicios que en las islas se vincula esencialmente al mercado turístico. Este hecho ha provocado cambios sociales profundos, entre los que destaca sobremanera la transformación de la estructura familiar. Muchas de estas familias, llegadas no solo del pueblo a la ciudad, sino también de las islas periféricas hasta las dos islas capitalinas, se han ido instalando a lo largo de estas últimas cinco décadas en un cinturón periurbano de barrios en los que la marginalidad y la delincuencia han sido la nota tristemente dominante, aunque existen las excepciones como en todo. En esos entornos, infradotados en lo que a servicios básicos se refiere, los IES suelen ser el único referente cultural. Pero a este hecho se une otro no menos relevante: Canarias ha sido hasta fechas recientes uno de los territorios con más altas tasas de analfabetismo del Estado, principalmente en los ambientes rurales. De manera que no es infrecuente ver que en familias con graves problemas económicos y de estructuración encontramos ancianos analfabetos y adultos con estudios primarios que no suelen valorar la enseñanza de sus hijos con la importancia que precisa. Este hecho tiene como consecuencia:

    1. La existencia de unos bajos niveles formativos de partida entre el alumnado, derivados del déficit familiar en el que se desarrollan.
    2. El desinterés de muchos de esos alumnos por la tarea desarrollada en las aulas o por prorrogar sus estudios más allá de la Enseñanza Secundaria.
    3. La falta de apoyo de las familias a la labor formativa de los docentes.

Si a lo dicho unimos que en estas zonas la marginalidad se vincula a situaciones de violencia, desempleo, tráfico y consumo de drogas, etc., el panorama empeora sensiblemente y las situaciones de violencia en los centros se multiplican en idéntico grado. No es preciso dar los nombres de las zonas o los institutos de las islas que sufren esta situación; pero a ningún docente del archipiélago se le escapa que determinados destinos implican sufrir con seguridad los problemas descritos durante el curso completo.

La obligatoriedad de la Educación Secundaria hasta los dieciséis años es sin duda una conquista social que, entre otras cosas, ha permitido adecuar la edad de finalización de los estudios a la edad legal de comienzo de la vida laboral de la persona. Sin embargo, esta medida lleva aparejado un inconveniente al que aún no se ha sabido dar una respuesta adecuada: la escolarización de aquellos menores que por sus especiales condiciones se ve obligado a permanecer en los centros contra su voluntad.

Evidentemente este hecho es bueno para un alumnado menor de edad que, aunque no sea consciente de ello, no tiene madurez ni capacidad legal para decidir por si mismo de manera objetiva cuestiones esenciales sobre su futuro. Se produce así un auténtico desencuentro de intereses: de un lado, las aspiraciones del alumno, del otro, las del entorno social.

Sin embargo, a nadie se le escapa que la inclusión de estos alumnos en las aulas supone en no pocos casos la aparición de problemas de convivencia. Se trata de un alumnado que suele presentar lagunas de conocimiento y que, incapaz muchas veces de seguir el ritmo general del grupo-clase, se siente preso y no pone ningún interés en las actividades que se desarrollan en el aula. Es más, manifiesta su rebeldía ante la situación violentando las normas que se le imponen. Son lo que el borrador de la LOE llama alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. El profesorado se ve la mayoría de las veces impotente a la hora de intentar enseñar a quien no quiere aprender, ni siquiera cuando se ponen en práctica medidas de refuerzo especificas. Además, puestos ya ante el conflicto en el aula, al docente sólo le queda la aplicación de medidas disciplinarias en el ámbito del centro (normalmente ineficaces), o la denuncia en comisaría.

La falta de soluciones efectivas para estos alumnos con conductas disruptivas en el entorno escolar hace que las únicas soluciones a los conflictos en el aula sean la inhabilitación para permanecer en el centro, su derivación a un Programa de Garantía Social o su traslado a una Tutoría de Jóvenes. Estas últimas se han convertido así en auténticos centros de recogida de menores con problemas de conducta considerados incapaces de estar en el aula normalizada, con lo que esta medida educativa pierde la función para la que inicialmente fue ideada.

En la misma línea se inscribe el problema de los menores tutelados por la Administración. La falta de centros adecuados obliga a la Comunidad Autónoma a encargar a determinadas ONG su acogida en pisos en los que quedan al cuidado de personas no siempre formadas para ello. No son alumnos necesariamente conflictivos, pero en líneas generales tienen una problemática personal evidente, y requieren en algunos casos unas medidas de atención específicas en los centros para las que no están dotados ni material ni humanamente. Esa falta de atención sí puede dar lugar a que en algunos casos estos alumnos pierdan el interés por el trabajo escolar y a que su conducta sea motivo de conflicto.

Algo similar ocurre con los alumnos con necesidades educativas especiales. La LOE, en su artículo 73, prevé que la atención a este tipo de alumnado se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada, y se guiará por los principios de normalización e inclusión. Pero dicha norma choca con demasiada frecuencia con las posibilidades reales de los centros y del profesorado para dar respuesta a sus demandas. En el caso de los menores de dieciséis años con déficit psíquico, la saturación de los centros específicos o la ausencia de un diagnóstico adecuado favorecen su inclusión en las aulas normalizadas. Esta circunstancia está dando lugar a situaciones altamente conflictivas y de desatención que afectan al conjunto de alumnos y profesores.

También se dan situaciones similares con el alumno inmigrante. Canarias es hoy uno de los destinos de la inmigración en nuestro país; se trata tanto de inmigración legal, procedente en líneas generales de países de Europa y Latinoamérica, como de inmigración ilegal que arriba a nuestras costas procedente del vecino continente africano. La integración de este alumnado en nuestros institutos es una necesidad y una obligación indiscutible, pero plantea las siguientes dificultades:

    1. Es difícil en no pocos casos determinar la edad real de la persona que llega, con lo que se puede encontrar alumnos con más de dieciséis años obligados a permanecer en la ESO y acogidos en pisos de menores.
    2. Es igualmente complicado acertar con el nivel en el que es preciso escolarizarles, dado que si por edad se les puede adscribir a uno en concreto, por los estudios realizados y los conocimientos adquiridos no siempre es posible.
    3. Los alumnos inmigrantes que llegan sin familia y son acogidos aquí no siempre han tenido una escolarización previa y, por tanto no está entre sus aspiraciones inmediatas verse obligados a cursar estudios. De hecho, no han llegado hasta aquí para verse seis horas al día entre las cuatro paredes de un aula, por lo que además de potenciales absentistas se convierten también en posibles generadores de conflicto.
    4. Existen problemas evidentes de comunicación por desconocimiento del castellano, o bien de adaptación a nuestras costumbres, lo que redunda en la aparición de situaciones potencialmente conflictivas.
    5. Los centros y los profesores no están preparados para responder adecuadamente a las dificultades que plantean estos alumnos.

La realidad es que el número de inmigrantes es cada vez mayor y nuestro sistema no es muchas veces capaz de atenderles de manera eficaz.

La respuesta normativa que el profesorado puede aplicar en el aula está recogida en el Decreto de Derechos y Deberes del alumnado, publicado por el Gobierno de Canarias en 1995 y modificado a partir de 2001. En él se detallan de modo muy general cuáles son los casos en los que se pueden entender que el alumno o alumna incurre en una falta, cuál es su gravedad, qué sanciones pueden aplicarse y quiénes pueden hacerlo. Además de la vaguedad con que se definen las actuaciones del alumnado, el gran problema al que se enfrenta el docente es el de la burocratización de las medidas, así como su carácter poco inmediato y escasamente efectivo. De manera que hacer un parte de incidencias, tratar el caso en el Departamento de Orientación, convocar a las familias o iniciar la tramitación de un expediente disciplinario son medidas que pocas veces suponen evitar la aparición de nuevas situaciones de conflicto o una mejora en la conducta del alumno.

Otro factor negativo de cara a la prevención o solución de los casos de conflictividad es el de la protección que hacen algunos equipos directivos de los alumnos disruptivos por motivos que podríamos denominar "políticos". En ocasiones, no interesa que la apertura de expedientes o las expulsiones ensombrezcan la fama de un centro y engrosen unas estadísticas que no favorecen ni a la directiva, ni a la inspección ni, mucho menos, a las altas instancias educativas. De manera que se opta por maquillar situaciones conflictivas o potencialmente violentas para el clima escolar, aplicando medidas no tanto resolutivas como justificativas. El resultado suele ser que los alumnos se crecen y el profesorado tiene que soportar actuaciones que en otros centros se considerarían intolerables.

En cuanto al hoy denominado "bulling", el acoso entre escolares, se trata de una realidad invisible. Se engaña quien piense que es algo nuevo: existe, como ha existido siempre en muy diversos grados. La diferencia es que ha habido casos recientes y dolorosos que han tenido un trágico desenlace y que han recibido una gran cobertura mediática. No hay estadísticas al respecto, ni contamos con normativa clara o con medidas oficiales para tratar los casos que se dan, de manera que muchas veces es el tutor o la tutora de turno quien tiene que dar solución al problema con los medios con que cuenta y según su criterio. Sólo cuando el caso llega a ser auténticamente preocupante, a veces dramático, es cuando trasciende los límites del aula y se convierte en motivo de preocupación social.

En esta tarea nuestra de prevenir y resolver los conflictos en el aula contamos, para terminar, con un último obstáculo nada despreciable: el papel de los medios de comunicación. Es frecuente, cada vez más, que ante situaciones de conflicto reales o no, las familias opten por acudir a los medios y contar su versión de los hechos, lo que suele provocar una caza mediática del docente que se ve así juzgado y sentenciado socialmente sin posibilidades efectivas de defensa a corto plazo. Evidentemente actos como estos no mejoran la convivencia en los centros, ni la relación entre éstos y las familias o sus hijos.

Todos estos son algunos de los factores que permiten hacer un diagnóstico de la situación actual del clima existente en los centros de Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. No son todos y, probablemente, buena parte de lo dicho podrá ser compartido por el profesorado de otras zonas de España. Ahora bien, la última cuestión a tratar aquí es la siguiente ¿qué cabe esperar de la LOE al respecto? Lo resumiremos en los siguientes puntos:

 

  1. La ley afirma en su Exposición de Motivos que "(…) se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos". Como principio general está bien, sobre todo si pensamos que a ningún docente se le ocurría plantear lo contrario. Ahora bien, ¿con qué instrumentos legales y administrativos contaremos para conseguirlo?
  2. Además, una máxima en principio loable como la recogida en el art. 1 (b), según la cual se favorecerá "la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales", podría traducirse como que seguiremos concentrando en las aulas todo tipo de alumnos, sin mayor dotación de medios, y sin atender a sus necesidades y aspiraciones reales, con el deterioro de la calidad educativa y del clima escolar que ello comporta.
  3. Se hace mucho hincapié a lo largo del texto en la educación para la ciudadanía, hasta el punto de convertirla en materia específica para uno de los tres primeros años de la ESO. Sería bueno que se dotase a este principio (que no pasa ahora mismo de ser una buena intención), del contenido adecuado para convertirlo en un instrumento educativo eficaz para la mejora del funcionamiento de los centros desde una transformación real de las actitudes del alumnado potencialmente conflictivo.
  4. El artículo 20.4 especifica que durante la Primaria "En el supuesto de que un alumno no haya alcanzado las competencias básicas, podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo. Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la educación primaria y con un plan específico de refuerzo o recuperación de sus competencias básicas". Si a esto unimos que el 28.5 establece que en secundaria "El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa", o que los alumnos podrán pasar de curso hasta con tres materias suspensas, estamos de nuevo ante la promoción automática sin nombrarla, con lo que se fomenta la falta de esfuerzo, la figura del alumno objetor de los estudios, que no trabaja ni deja trabajar, así como el deterioro de los niveles en general. Más de lo mismo.

En definitiva, que de referencias concretas a medidas preventivas, correctoras o sancionadoras de actitudes o actuaciones conflictivas o violentas en las aulas, por desgracia, poco o nada más. Quizás haya que esperar al trámite parlamentario de la ley para ver algún cambio en positivo; de lo contrario habrá que esperar a la siguiente.