Sr. D.

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Consejero de Educación

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Distinguido señor:

Nos dirigimos a usted como representantes de tres sindicatos de profesionales de la enseñanza de Cataluña. Lo hacemos para presentarle una serie de propuestas que consideramos son necesarias para solucionar la crisis que desde hace algunos años atraviesa nuestro sistema educativo.

Hemos leído atentamente el documento "Una educación de calidad para todos y entre todos" sobre la reforma de la LOCE que ha propuesto realizar el Ministerio de Educación. Vemos que el modelo que se propone es claramente diferente del anterior en dos aspectos clave que son: el criterio para promocionar de curso y el establecimiento o no de itinerarios. El objetivo de este escrito es intentar que no se desperdicie esta nueva oportunidad para llegar a un Pacto por la Educación entre todas las fuerzas políticas que proporcione un sistema educativo estable.

En un principio puede parecer que pedimos un pacto imposible ya que se trata de dos modelos antagónicos, pero si se analizan las discrepancias se observa que éstas se originan porque los dos modelos pretenden detallar en exceso la organización interna y el funcionamiento de los centros, cuando lo que una ley general de educación debería hacer es concretar los objetivos finales en cada etapa (Primaria, ESO, Bachillerato y FP), dejar a los centros más libertad de organización y establecer unas medidas de control que permitan garantizar a las familias que sus hijos realmente han recibido la educación prevista. No nos referimos a evaluar solamente los resultados académicos, sino también los resultados de integración social del alumnado y de preparación para el acceso al mundo laboral.

En nuestra opinión, para llegar a un Pacto por la Educación que produjera un sistema educativo estable, simplemente se habrían de hacer las siguientes tres cosas:

  1. Consensuar entre todos los partidos políticos los conocimientos y los procedimientos básicos que un alumno ha de poseer al final de la Primaria y al final de la ESO. Esto es una tarea claramente factible. Incluso en una materia que ha levantado tanta polémica como es el conocimiento de las religiones, es posible acordar qué aspectos básicos conviene que conozcan todos los alumnos. Además, definir estos objetivos básicos en todas las materias es imprescindible para que tanto los profesores como los alumnos, sepan lo que han de hacer. Estos conocimientos deberían ser muy básicos para los alumnos que después de la ESO no quieren seguir estudiando y de un nivel más alto para los alumnos que después de la ESO quieren acceder a la FP o al Bachillerato. En el tercer punto proponemos como hacerlo.
  2. Elaborar una Ley de Educación de bases generales muy amplia en la que todos pudieran sentirse incluidos y a gusto. El nuevo modelo educativo no solo debería permitir sino fomentar que cada Comunidad Autónoma - y cada centro educativo en el ámbito de sus competencias -, pudiera decidir la forma de organizarse que considere más adecuada. Por ejemplo, un centro debería tener libertad para establecer en la ESO desdoblamientos en unas materias un año, en otras materias otro año, y grupos diferenciados al año siguiente, si la diversidad del nuevo alumnado así lo requiere; de poder dedicar más horas a una materia que a otra si se observa que los alumnos de aquel curso no van a llegar a los mínimos establecidos para la primera mientras que van muy bien de la segunda; etc. El objetivo de la futura Ley debería ser conseguir que cada alumno reciba la formación que puede adquirir y garantizar que realmente la recibe, en vez de pretender que todos los centros funcionen de la misma manera a base de establecer una normativa muy detallada. A continuación se expone como garantizar la calidad de la educación en un sistema de libertades de actuación de los centros educativos.
  3. Establecer una prueba externa de acceso al Bachillerato y a la FP posterior al título de la ESO. Para hacer compatible que los centros tengan una gran capacidad de gestión con que los alumnos que acceden al Bachillerato y a la FP tengan la preparación mínima necesaria para seguir con éxito dichos estudios, la Administración (Consejerías y MEC) debería establecer unas pruebas externas de acceso al Bachillerato y a la FP. Es decir, la valoración de cada alumno ha de ser externa al centro y ha de ser realizada por la Consejería de Educación correspondiente, en coordinación con las demás Consejerías y en cooperación con el Ministerio. Las familias tienen derecho a que la Administración les garantice el nivel de formación que han alcanzado sus hijos, de igual manera que la Administración les garantiza la calidad de los alimentos, la adecuación de los fármacos o la seguridad de los vehículos (ITV). En los demás países europeos ya existen estas pruebas externas al final de la enseñanza obligatoria, mientras que en nuestro país sólo existe la prueba de acceso a la Universidad (PAU), que lógicamente sólo afecta a los alumnos que quieren acceder a la Universidad.

Para evitar un innecesario aumento del fracaso escolar al final de la ESO y poder así cumplir los objetivos fijados por la UE para el 2010 y seguir los consejos de la OCDE, esta prueba no ha de ser una revalida de la ESO, sino una "prueba de acceso a la FP y al Bachillerato", como lo son las actuales PAU (selectividad) para acceder a la Universidad. Es decir, unas pruebas que para presentarse fuera necesario haber acabado previamente la ESO y cuya superación fuera imprescindible para poder iniciar luego la FP o el Bachillerato, ya sea en el propio centro o en otro centro. Con esta prueba se podría asegurar a las familias que los alumnos que inician la FP o el Bachillerato, tienen los conocimientos mínimos para seguir con posibilidades de éxito dichos estudios.

El establecimiento de un sistema así, basado en los resultados, solucionaría muchos problemas. Por un lado disminuiría sensiblemente el fracaso escolar al final de la ESO ya que se podrían establecer unas competencias básicas más asequibles para todos, sin poner en peligro los niveles de exigencia de la FP y del Bachillerato, ya que la exigencia aparecería en las pruebas de acceso. Por otro lado, este planteamiento permitiría tener un sistema educativo plural, que es lo más adecuado para nuestro país, constituido por Comunidades Autónomas muy diferentes entre sí, y ello fomentaría la diversidad de innovaciones educativas y permitiría valorar que estrategias son realmente las más adecuadas.

Actualmente es muy difícil que una Administración, sea central o autonómica, pueda hacer cumplir una normativa excesivamente detallada sobre como han de funcionar internamente todos los centros educativos. Es demasiado grande la diversidad de planteamientos educativos y de situaciones personales de un alumnado con fuertes flujos de inmigración. Todo ello nos conduce inevitablemente hacia leyes amplias y hacia el establecimiento de controles externos que permitan garantizar la calidad de los servicios prestados por los centros. Además, sólo un planteamiento así puede facilitar un Pacto por la Educación con todos los partidos políticos sin exclusión.

Consideramos que tanto el gobierno central como los diferentes gobiernos autonómicos no han de tener miedo a que aparezcan diferentes modelos de organización interna de centros ya que cada año se podrá comparar los resultados en cuanto a integración del alumnado, cualificación profesional de los alumnos que no quieren seguir estudiando después de la ESO y aprovechamiento académico de los que si lo desean. Así, cada año se podrá rectificar en función de lo que los resultados indiquen como más conveniente.

Otros aspectos que también consideramos muy convenientes son:

  1. Establecer un bachillerato de tres años.
  2. Avanzar los programas de Iniciación Profesional (PIP) a partir de los 15 años para los alumnos que presentan un claro rechazo al sistema educativo reglado.
  3. La elaboración i aprobación de una Ley de Financiación que garantice los recursos necesarios para la aplicación de los cambios que se proponen. Igualmente es necesario el compromiso político para conseguir un gasto en educación equivalente al 6% del PIB.

En este momento nuestro país se encuentra en la mejor de las situaciones políticas para poder llegar a un Pacto por la Educación, suscrito por todos los partidos sin excepción. Perder esta oportunidad sería un grave error.

Finalmente deseamos exponerle que estaríamos encantados de mantener una entrevista con usted para exponerle personalmente estas propuestas.

Barcelona, diciembre de 2004

 

 

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