El PP desafía al Gobierno y anuncia una política educativa común en todas sus comunidades

Tendrán las mismas enseñanzas, exámenes de recuperación en septiembre y pruebas externas de evaluación de los centros

Mar Villasante

LA RAZÓN 14-12-2005

 La secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, con los consejeros de Educación valenciano (izqda) y madrileño (dcha)

Madrid- Los gobiernos del PP aprovecharán la renuncia del Estado a las competencias educativas para armarse en sus comunidades y plantar cara a las reformas de la LOE. Así lo acordaron ayer los consejeros populares de Educación en la reunión con la secretaria ejecutiva de Política Social del partido, Ana Pastor, quien anunció que firmarán un documento que será «una expresión del compromiso con la escuela pública y con la calidad del sistema educativo».

Este compromiso se traducirá en once medidas de aplicación inmediata para las seis comunidades en las que el PP gobierna: Baleares, Castilla y León, Madrid, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Contenidos comunes: «Habrá una formación común, que favorezca un patrimonio cultural y de conocimientos, aunque añadiendo las peculiaridades de cada comunidad», adelantó Pastor. El PP recurrirá al controvertido artículo de la LOE que establece que los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas «requerirán el 55 por ciento de los horarios» (65 en autonomías sin lengua propia) y con el porcentaje restante diseñarán un currículo común para todas.

Recuperaciones: La ley permite a las administraciones educativas organizar las pruebas extraordinarias de recuperación en las condiciones que determinen. Las del PP pondrán estos exámenes en septiembre.

Evaluaciones externas: Las pruebas para conocer la situación de los centros y el nivel de los alumnos que ya ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid se extenderán al resto de comunidades del PP. La ley establece que, en el marco de sus competencias, corresponderá a las administraciones educativas desarrollar y controlar las evaluaciones de diagnóstico, «que tendrán carácter formativo e interno», definición que puede chocar con la propuesta de pruebas externas que hace el PP.

Asignaturas: Los populares han venido denunciando que la LOE devalúa materias como Latín, Física y Química al convertirlas en optativas. «El cuarto curso de ESO es un caos donde el alumno puede elegir entre 56 opciones», denunció Pastor. Por ello, trabajarán para que esas materias sean obligatorias.

Bachillerato: Evitarán un «Bachillerato a la carta» en el que los alumnos elijan las asignaturas sin criterio de especialización y buscarán un modelo que sirva para preparar a los jóvenes para su vida adulta.

Integración: El PP se compromete a integrar a los alumnos con dificultades con «soluciones específicas de calidad».

Salidas profesionales: Las comunidades del PP reforzarán los Programas de Iniciación Profesional -que la LOE permite adelantar a los 15 años- y pondrán en marcha vías específicas que permitan el acceso a la formación profesional.

Escuela pública: Los presupuestos de estas autonomías la reforzarán para que no quede debilitada.

Derechos y deberes: Revisarán la relación de derechos y deberes de los alumnos para favorecer un ambiente de estudio y disciplina en las aulas. La LOE regula el derecho de reunión de los estudiantes que pueden faltar a clase con una comunicación previa. Son lo que se ha dado en llamar «novillos colectivos».

Violencia escolar: Las autonomías del PP desarrollarán antes del 31 de marzo planes que fomenten la convivencia y eviten la violencia.

Profesores: Trabajarán en la implantación y desarrollo de una carrera docente, con el apoyo a profesores y equipos directivos.

Estos compromisos -entendidos como un paso más en la estrategia conjunta de las comunidades del PP en los últimos 20 meses- empezarán a ver la luz en el próximo curso, aunque en algunas comunidades ya están en marcha. Los populares ven margen en la LOE, que el jueves se debate en el Congreso, para aplicar estas medidas y mejorar las condiciones de la enseñanza para los dos millones y medio de jóvenes que estudian en estas comunidades. «La LOE es una mala ley que no resuelve ninguno de los problemas del sistema educativo», insistió Pastor, para constatar que «seguimos apostando por que haya un pacto escolar».

Los consejeros del PP denunciaron que el Gobierno no se ha reunido con ellos y que conocen el texto por los medios y el boletín de las Cortes. «Hemos sido los invitados de piedra», dijo el consejero valenciano, Alejandro Font de Mora, que insistió en que «no se nos ha tenido en cuenta» y ha habido una «falta de diálogo absoluta». Añadió que el Gobierno, «prisionero de pactos con las minorías radicales, trata de manera muy dura a las comunidades del PP».

Los consejeros del PP expresaron ayer su preocupación por la falta de compromiso económico del Gobierno con el desarrollo de la ley y llamaron la atención sobre la «auténtica estafa» que representa la memoria económica presentada por Educación para cubrir los costes de la reforma, concretamente en lo que a la gratuidad de la Educación Infantil se refiere. El responsable de Educación de la Comunidad Valenciana explicó que el único folio de memoria presentado a los consejeros recoge una partida anual de 39 millones para todo el Estado en el primer ciclo de Educación Infantil, cuando sólo en su comunidad se gastarán 10,3. Para el quinquenio, la memoria prevé una partida de 594 millones, y la Comunidad Valenciana, de 427. Para el segundo ciclo, el Ministerio ha estimado 1.407 millones en cinco años, y los valencianos han calculado 1.294, según Font de Mora, quien concluyó que «la memoria es papel mojado». «Los presupuestos no dan ni para pagar la mitad de lo que le cuesta a Madrid la Educación Infantil», convino el consejero madrileño, Luis Peral, quien recordó que «un gobierno responsable no compromete presupuestos de otras administraciones sin contar primero con ellas».

Madrid- Los gobiernos del PP aprovecharán la renuncia del Estado a las competencias educativas para armarse en sus comunidades y plantar cara a las reformas de la LOE. Así lo acordaron ayer los consejeros populares de Educación en la reunión con la secretaria ejecutiva de Política Social del partido, Ana Pastor, quien anunció que firmarán un documento que será «una expresión del compromiso con la escuela pública y con la calidad del sistema educativo».

«¿Con quién ha pactado el PSOE?», se preguntaron los populares que, además de lamentar que los responsables autonómicos de Educación no hayan sido consultados a la hora de abordar las reformas del sistema, ironizaron sobre el hecho de que «es fácil hacer un titular, pero es más difícil llegar a acuerdos» con ellos.

 

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral, alertó de que, con la LOE, el Estado renuncia a competencias educativas por ser «esclavo» de compromisos con sus socios de gobierno y «no refleja el pacto educativo contemplado en el artículo 27 de la Constitución», lamentó Peral, quien insistió en que «no se ha querido un pacto, se ha marginado expresamente al PP».

Pastor pidió al Ejecutivo socialista que «dé marcha atrás» en la reforma y escuche las propuestas del PP, al considerar que estamos ante «una Logse agravada y una ley que no va a solucionar los problemas educativos». El Gobierno, explicó, mantiene la apuesta por un sistema sin enseñanzas comunes, lo que dificulta la movilidad de alumnos. En este sentido, insistió en que la LOE establece unos horarios comunes, pero no concreta los contenidos.

Recordó que la ley conducirá a que la escuela pública sea la peor de Europa. «Siguen apostando por un sistema de escuela pública autogestionaria, donde el director cada vez tiene menos funciones y donde no existe el principio del respeto a los profesores en las aulas», prosiguió Pastor, para añadir que las familias humildes serán las más perjudicadas.

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, no tardó en responder al anuncio del PP y le acusó de «vender humo» con su propuesta «sin mucho contenido». Tras recriminarle por «cambiar cada semana las razones para oponerse a la LOE», criticó que hablen de fijar enseñanzas comunes cuando el proyecto garantiza «sin ambigüedad y con más claridad» que en los ocho años de Gobierno del PP los horarios mínimos, informa Ep.

La secretaria de Educación del PSOE, Eva Almunia, denunció la actitud «cínica e irresponsable» del PP que, «por un lado, presume de ser el adalid de la unidad de España y, por otro anuncia una política educativa, con normas propias» en sus comunidades.