Las prometedoras evaluaciones de diagnóstico

Toda Administración educativa responsable debiera ejercer un control periódico y externo de cómo y con qué resultados aplican los centros sus regulaciones. Podrían citarse países de arraigada democracia que ejercitan ese control, a veces incluso con carácter selectivo y clasificatorio entre centros. La LOGSE, sin embargo, heredera de temores atávicos, planificó un bucólico devenir académico de alumnos y centros sin control externo alguno. Comprobados sus deficientes resultados, la LOCE estableció evaluaciones generales de diagnóstico en Primaria y ESO (artículos 18 y 30, respectivamente), centradas en las competencias básicas, con carácter informativo y sin efectos académicos. El concepto y el término fueron recogidos por la LOE, que los estableció para las mismas etapas (artículos 21 y 29) y fijó, además, estas evaluaciones para la finalización de 4º de Primaria y 2º de Secundaria. A las diferentes Administraciones educativas les dejaba la competencia de su regulación y su aplicación, que, según el Real Decreto 806/2006, de calendario de implantación de la LOE, es obligatoria desde este curso 2008-2009.

Entre las pocas Administraciones autonómicas que ya han hecho los deberes se encuentra Castilla-La Mancha. En efecto, la Resolución que regula el proceso de evaluación de diagnóstico en el período 2009-2011 en los centros docentes de dicha Comunidad (DOC-LM de 23-02-2009) efectúa su tarea con amplitud de miras, en espera de mayor concreción sobre aspectos como las dimensiones analizadas, duración de las pruebas o fechas concretas. En su preámbulo traza la ruta normativa del texto; primero, la estatal: artículo 144 de la LOE; artículos 15 y 18, respectivamente, del Real Decreto 1513/2006 y del Real Decreto 1631/2006 -de enseñanzas mínimas de Primaria y ESO-, así como del artículo 7 del citado Real Decreto 806/2006; segundo, la normativa autonómica: artículos 14 y 18, respectivamente del Decreto 68/2007 y Decreto 69/2007 -currículo de Primaria y ESO. Los desarrollos estatales y autonómicos se ajustan, en esta materia, al mandato básico de la LOE. Se alude, además, a la experiencia de la Comunidad en evaluaciones similares realizadas los cursos 2004-2005 y 2005-2006 en 3º de Primaria y de ESO.

El objeto de la Resolución consiste en regular para el período 2008-2011 la evaluación de diagnóstico y los procesos de aplicación, corrección, información y desarrollo de los correspondientes planes de innovación y mejora. El objeto trasluce, pues, la voluntad de trascender la mera evaluación, que será realizada, con lógicas excepciones, por todo el alumnado -evaluación censal- que curse 4º de Primaria y 2º de ESO. Fines de la evaluación son mejorar la calidad, la equidad y la inclusión, conocer el dominio de las competencias básicas y valorar el peso del contexto y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ligados a los fines están los objetivos, que añaden ayudar a los centros a evaluar su práctica, informar a cada familia, ofrecer al profesorado modelos para evaluar las competencias y aportar a la Administración información relevante. A la vez, se recalca que en ningún caso los resultados tendrán efecto académico ni servirán para clasificar los centros.

La evaluación, anual, interna, se aplicará a las nueve competencias -se añade la competencia emocional-, si bien cada año se centrará en distintas dimensiones e indicadores. Las competencias se evaluarán mediante "Unidades de evaluación pluricompetenciales" y el contexto, procesos y variables singulares del alumnado, mediante cuestionarios de opinión a profesores y familias. En anexo se expone un largo calendario de fases y procesos de la evaluación, con inicio en septiembre de 2007 y conclusión ya el último trimestre de cada curso. Las pruebas, que se realizarán entre abril y mayo, serán de aplicación también en los centros privados. Se determina que la aplicación será externa en una muestra de 50 centros y que en otra de 140 se realizará un control de calidad -lo que Galicia (DOG de 23-02-2009), denomina "corrección de contraste". El director del centro asumirá la coordinación de todos los procesos y para ello se le adjudican 11 funciones de procedimiento. Una de ellas es nombrar al "Responsable de la Evaluación de diagnóstico", experto en herramientas informáticas, que se verá acompañado de un aplicador por grupo y de uno a tres correctores. El Responsable recibirá asesoramiento en la herramienta informática aplicable y se encargará, desde el aula de informática, de descargar y editar los materiales, aplicar y corregir las unidades, coordinar la evaluación y elaborar y editar informes. El resto del profesorado responderá los cuestionarios de opinión y participará en la aplicación y corrección. Centro, dirección, profesorado y familias quedan, pues, intensamente involucrados en el proceso.

También la Administración se compromete, con la coordinación general. La Oficina de Evaluación construye las Unidades de evaluación y los Manuales de aplicación y corrección y asesora en procedimientos. El Servicio de Informática gestiona los procesos con el programa de gestión informática "Delphos" y actualiza las aulas "Althia" -de integración de las TIC en el entorno de trabajo habitual. La Inspección controla la exclusión de alumnos y la calidad de los procesos y supervisa la formulación de medidas de mejora. Los Centros de Profesores y los Centros de Recursos y Asesoramiento a la Escuela Rural participan en las pruebas piloto, asesoran a los Responsables y realizan la aplicación externa en la muestra de centros. La Viceconsejería facilitará las medidas organizativas necesarias. La disposición de medios parece generosa.

La Resolución respeta escrupulosamente el espíritu y la letra de la LOE. Menciona una novena competencia, porque el Decreto 68/2007 añadió la competencia emocional (centrada en el autoconcepto académico). Toca ahora esperar que la Administración organice eficazmente las pruebas, elabore con destreza las actividades para evaluar las competencias -tarea nada sencilla-, las aplique y las valore con objetividad y extraiga consecuencias. Esta concepción de la evaluación no va más allá del texto orgánico, lo que, aun suponiendo un avance, probablemente resulte insatisfactorio. ¿Por qué no hacerla coincidiendo con el final de etapa -en Cataluña se anuncian pruebas al final de Primaria- y, además, vincularla a la obtención de las correspondientes certificaciones o titulaciones, es decir, con efectos también académicos?

Isidro Cabello Hernandorena

Ex Alto Inspector de Educación en Cataluña