OBSERVACIONES DE ANCABA-MADRID AL BORRADOR DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO

I.- TÍTULO

España, donde tan de moda está el uso del término inclusión, es el único país en el que se define un tramo del sistema educativo por exclusión de otro, con la carga negativa que eso conlleva: NO UNIVERSITARIO.

La costumbre y el uso hacen que a muchos esto les parezca asumible, normalmente cuando esa denominación negativa se refiere a las enseñanzas, pero no cabe duda de que en ningún caso puede ser aplicable al profesorado

Impartan el nivel que impartan, todos los funcionarios docentes de este país son universitarios. Por lo tanto el título propuesto de "Estatuto del funcionario docente no universitario" es sencillamente INADMISIBLE.

II.- OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Una primera lectura del documento presentado lleva directamente a la siguiente pregunta: ¿Qué aporta este borrador de estatuto a la situación actualmente existente?

La respuesta es bien sencilla: Prácticamente NADA. Al margen de la organización de la carrera docente en grados (Art. 29), de la excedencia por prestación de servicios en el sector público (Art. 44) y de la participación de los funcionarios docentes en programas especiales (Art. 51), el documento no es más que la recopilación de toda la normativa en vigor, es decir que es más un texto refundido que un estatuto de nueva planta.

Si, tras 20 años de espera, el resultado es este, a nadie le importará esperar otros 20.

III.- OBSERVACIONES PUNTUALES

A) Toda exposición de motivos recoge el espíritu de la ley que se presenta. En la misma se presta especial atención al uso de los géneros masculino y femenino (alumnas y alumnos, ciudadanas y ciudadanos, profesoras y profesores). Esta práctica, muy loable para aquellas personas que no se sienten representadas con el uso del masculino, si es la que se quiere utilizar, debería mantenerse a lo largo de todo el texto para no crear sensación de engaño. Lo cierto es que esa fórmula desaparece y tras la exposición de motivos las "funcionarias" deben aceptar ser "funcionarios".

Sería deseable que los textos legislativos se atuvieran a las reglas gramaticales en vigor, de acuerdo con lo que al respecto establece la Real Academia de la Lengua en el "Diccionario panhispánico de dudas".

B) Del mismo modo que el actual sistema sexenal de complementos retributivos no es aplicado por todas las Comunidades Autónomas, el sistema de carrera profesional propuesto no tiene por qué suponer necesariamente la transformación del actual sistema sexenal de complementos retributivos.

C) Aunque no lo contemple la LOE, en el artículo 11, el apartado e) de las funciones específicas de los cuerpos de catedráticos debería decir: "La presidencia de los tribunales de acceso y en su caso ingreso a los respectivos cuerpos de catedráticos y de profesores de enseñanza secundaria"

D) Sería conveniente definir y explicar con detalle las "plazas singularizadas" a las que hace referencia el punto 4 del artículo 16.

E) En el artículo 29, carrera profesional de los funcionarios docentes, en el punto 3, entre los criterios generales debería figurar el desempeño de la jefatura de departamento. Igualmente debería ser considerado el desempeño de puestos en la red de formación y en la administración educativa.

F) El uso exclusivo del femenino en el artículo 39 parece dar a entender que un hombre no puede ser víctima de violencia de género. Se sugiere sustituir "la interesada" por "la victima de violencia de género".

G) En los artículos 40 y 41, tanto una redistribución como una recolocación de funcionarios docentes debería establecer un procedimiento que asegurara la máxima calidad del sistema educativo así como los derechos de los funcionarios de acuerdo con el nivel en el que imparten enseñanzas, siempre de acuerdo con los principios constitucionales de mérito y capacidad . En un centro de educación secundaria nunca debería ser desplazado un funcionario del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria o del cuerpo de catedráticos antes que un maestro destinado en ese centro para impartir clases en los dos primeros cursos de la ESO.

H) La remoción contemplada en el artículo 42 corre el riego de ser utilizada para "castigar" a ciertos profesionales. Si un funcionario muestra falta de capacidad para el desempeño de sus funciones manifestada por rendimiento insuficiente, se deben aplicar las medidas correctoras establecidas en la normativa vigente sin tener que recurrir al "exilio".

1.- ¿Cómo se mide en un funcionario el rendimiento insuficiente? ¿En función del número de aprobados? ¿En función de qué criterios?. Y lo que es peor: ¿Quién lo decide?

2.- ¿Qué razones, a no ser políticas, pueden justificar que a una situación tipificada en el régimen disciplinario se le pueda dar un tratamiento distinto? Porqué remover de su puesto a un funcionario por la comisión de una falta grave tipificada y no por otra? En caso de falta de rendimiento de un funcionario, ¿quién decidirá si se le aplica el régimen disciplinario establecido o se le remueve de su puesto?

I) En el artículo 47, derechos de los funcionarios docentes, se establece en el apartado d) que el funcionario tiene derecho a la colaboración activa de las familias, asumiendo éstas sus responsabilidades. Es evidente que esto no es un derecho del profesor sino más bien un deber de las familias.

J) En el artículo 47, derechos de los funcionarios docentes, apartado f), se añade un elemento demagógico al final del mismo. Compartir entre todos la responsabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes no es un derecho de los funcionarios sino un fin ideológico de quien propone este documento.

K) En el artículo 47, derechos de los funcionarios docentes, apartado g), el único derecho de los funcionarios es al respeto de los alumnos. El resto del apartado son deberes de los alumnos.

L) En el artículo 47 apartado j) se establece como derecho del funcionario una formación permanente que les "capacite particularmente para la prevención y solución adecuada de los conflictos escolares".

NO SE PUEDE SEGUIR DENIGRANDO LA FIGURA DEL PROFESOR.

Convertirse en un experto en conflictos escolares no debe ser ni un derecho ni un deber de un funcionario docente. Si una mala ley educativa no es capaz de dar soluciones a los problemas del sistema educativo, no debe convertir a los profesores en lo que no son con el único fin de mantener y pretender justificar ese pésimo modelo educativo.

Como se establece en el artículo 5 de este documento "Corresponde a los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes la impartición de las enseñanzas del sistema educativo y el ejercicio de las demás funciones docentes que se le atribuyan de acuerdo con la legislación vigente". Resolver conflictos escolares no es una función docente. Por lo tanto el profesor debe realizar su función docente y la legislación y las administraciones educativas deben poner todos los medios para que el profesor realice la función docente que le corresponde en las mejores condiciones.

M) En los deberes de los funcionarios docentes, artículo 48, se establece como deber en el punto k) "Participar en las actividades extraescolares". Como su propio nombre indica esas actividades son "extra – escolares" por lo tanto no deben ser obligatorias sino voluntarias y por supuesto remuneradas como trabajo EXTRA por realizarse fuera del horario laboral. Para que fueran obligatorias habría que denominarlas "actividades escolares". Otra cosa son las actividades complementarias que sí forman parte de la función docente.

Por todo lo anteriormente mencionado, es evidente que este borrador de estatuto del funcionario docente no solamente no aporta nada nuevo ni bueno sino que solamente aporta más confusión a la ya de por sí maltrecha situación del funcionario docente.

ANCABA-MADRID apoya la retirada del presente documento y la elaboración de una estatuto serio que aporte mejoras reales al funcionario docente.