El PSOE y el PP acuerdan un pacto de Estado por la Educación
Los partidos nacionalistas e IU también se suman al acuerdo.

Madrid, 28 de diciembre de 2009

La noticia política más importante del final de este año ha sido la firma esta mañana del esperado pacto educativo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. El resto de los partidos con representación parlamentaria han declarado que también están dispuestos a sumarse al pacto. Los dos líderes han declarado que el acuerdo alcanzado permitirá dar una gran estabilidad a nuestro sistema educativo, ya que los dos partidos se han comprometido a que, a partir de ahora, será necesario disponer de dos tercios de los votos para poder introducir cambios en el sistema educativo.

El pacto ha sido posible gracias a que básicamente se mantiene la ley actual, la LOE, una exigencia al parecer irrenunciable por parte del PSOE, modificándose sólo la duración de las etapas, y el establecimiento de pruebas externas al final de cada etapa. Según el acuerdo se pasará de una ESO de 4 años y un Bachillerato de 2 años a una ESO de sólo 3 años y un Bachillerato también de 3 años. Para los alumnos que después de la ESO no quieran seguir estudiando ni una FP ni un Bachillerato y sólo tengan 15 años, se establecerá un curso de un año de duración de preparación para acceder al mundo laboral. Estos cursos tendrán un carácter eminentemente práctico, serán similares a los actuales PQPI y se podrán impartir en diferentes tipos de centros.

Las pruebas externas, una de las exigencias del PP, se realizarán al final de la Primaria y al final de la ESO. Su superación será imprescindible para pasar a la etapa siguiente. El objetivo de estas pruebas es asegurar que todos los alumnos que acceden a una etapa tienen el nivel mínimo imprescindible para poderla aprovechar. Actualmente el 98% de los alumnos que cursan sexto de Primaria acceden a la ESO y, según gran parte del profesorado de la ESO, muchos de ellos no están suficientemente preparados. Lo mismo sucede con bastantes de los alumnos de la ESO que acceden a Primero de Bachillerato o a Primero de FP. Al parecer los controles que se realizan en los propios centros no son una garantía suficiente, ya que los centros para facilitar la entrada de nuevos alumnos y evitar la perdida de los que ya tienen, tienden a disimular un cierto porcentaje de su fracaso escolar. Debido a ello, promocionan a más alumnos de lo que deberían y eso conlleva a una perdida de esfuerzo por parte del alumnado. Se confirma pues que no se puede ser juez y parte.

 

Según el ministro, los controles externos permitirán aumentar la calidad pedagógica de nuestro sistema educativo, garantizar a las familias que las calificaciones que reciben de los centros reflejan realmente los conocimientos adquiridos por sus hijos, introducirán la cultura del esfuerzo y de la evaluación de resultados y, consecuentemente, mejorarán los resultados de nuestros alumnos en las pruebas internacionales, como son las pruebas PISA, los informes TIMSS, etc.

El establecimiento de las pruebas externas al final de la Primaria y de la ESO ha sido el talismán que en gran medida ha facilitado el pacto, ya que ha permitido el acuerdo en materias tan conflictivas como son las lenguas, la "Educación para la ciudadanía" y la "Religión". Así, en el tema de la enseñanza del castellano en las comunidades con lengua propia, en lugar de fijar el número de horas a impartir de cada lengua, se han fijado los niveles de conocimiento en cada una de ellas que se exigirán al final de la Primaria y al final de la ESO. Según algunos dirigentes políticos de estas comunidades, estas pruebas permitirán demostrar que los alumnos que viven en ellas tienen un conocimiento del castellano igual o superior al de los alumnos de las demás comunidades.

En "Educación para la ciudadanía" se ha acordado que los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales de nuestras leyes y se ha consensuado los niveles exigibles en Primaria y en ESO. En la materia "Religión" se ha llegado a un acuerdo sobre los conocimientos que todos los alumnos deben tener de las diferentes religiones, independientemente de sus planteamientos ideológicos personales, para conseguir que puedan entender nuestra cultura y nuestra historia, así como para comprender el resto del mundo en el que viven.

Los portavoces de los principales sindicatos del sector han manifestado que no se oponen al acuerdo ya que no afecta a las condiciones laborales del profesorado. Además, han considerado un gran acierto que el pacto venga acompañado del mantenimiento de la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 60 años, la llamada jubilación LOGSE/LOE. Los representantes de las asociaciones de profesores consultados nos han dicho que están de acuerdo con todas estas medidas ya que recuperan la figura del profesor especialista y que, seguramente, con este nuevo marco educativo de exigencia y rigor, muchos optarán por continuar trabajando hasta los 65 años. Los representantes de los movimientos de maestros nos han informado que ellos también están de acuerdo con las nuevas medidas, siempre y cuando la Administración facilite más personal para atender a los alumnos que deberán repetir algún curso de Primaria.

Solamente algunos profesores de la facultad de pedagogía se han manifestado en contra de ese retorno a valorar los contenidos adquiridos por los alumnos. Se trata de profesores muy comprometidos con las últimas innovaciones educativas introducidas en la LOE. Según ellos, se debería haber tenido más calma y más confianza en los planteamientos realizados. Han añadido que los términos del acuerdo son una gran imprudencia, ya que posiblemente en el futuro empezarán a haber diferencias de conocimientos muy significativas entre los alumnos al final de la ESO.