UN MODELO EDUCATIVO PARA CADA ALUMNO

Antonio Jimeno. Presidente del sindicato de profesores Acción para la Mejora de la enseñanza Secundaria (AMES). ABC Cataluña (Tribuna). 26-11-2002

Sobre la mesa tengo el escrito de un alumno en el que se «puede» leer: «No intenteis que estudie porque no lo vais a consegir agais lo que agais. No me podeis hobligar a estudiar si jo no quiero estudiar no voy a estudiar. Si me castigais a la hora del patio nome quedare. Al medio dia tampoco i por las tardes meno todavia. Fin». Su profesor de Ciencias Naturales le había pedido que explicara en un papel por qué no quería hacer lo que se le pedía. Se trata de un buen chaval de quince años que quiere trabajar de albañil con su padre. Tiene muy claro lo que quiere hacer y su padre está de acuerdo. Resulta evidente que le iría muy bien mejorar su caligrafía y su ortografía, pero el sistema educativo que tenemos, la LOGSE, nos obliga a que él y otros alumnos como él estén en la misma aula que los alumnos que luego estudiarán un Bachillerato y escuchen las mismas cosas durante seis horas diarias. La realidad es que no le podremos enseñar lo que él precisa, que no aprenderá tampoco lo que enseñemos a los demás, que sus calificaciones no serán buenas y, lo que es peor, que ya harto de tanta injusticia probablemente acabará siendo un alumno rebelde y conflictivo.

Según la LOGSE, como responsable del Departamento de Ciencias Naturales, debería pedirle a su profesor que, sin dejar de atender a todo el heterogéneo grupo de alumnos que tiene, le diera una enseñanza individualizada a él, y también al otro y al otro, como si se tratara de una clase de alumnos de seis años, en la que puede resultar sencillo ir repartiendo tareas. ˇQué diferentes son las cosas cuando los alumnos tienen 14, 15 o 16 años! A estas edades los jóvenes, con muy pocas excepciones, ya sólo quieren aprender aquello que les gusta o que precisan para seguir estudiando o para empezar a trabajar. Y así, si tienen muy claro que no quieren aprender una cosa, porque no tiene nada que ver con lo que creen que luego necesitarán, por mucho que insistamos no conseguiremos que la aprendan, como ya lo advertía nuestro sincero alumno. Así las cosas, no hay mejor solución que ofrecerles varios itinerarios educativos, orientarles y ayudarles a escoger aquel que mejor se adapte a sus capacidades e intereses. Junto con ello, también es necesario establecer la posibilidad de cambiar de itinerario si el rendimiento académico lo permite y el alumno lo desea, y establecer pruebas de entrada a cualquier tipo de estudio posterior, sea cual sea la situación académica anterior del alumno. Afortunadamente, todas estas antiguas peticiones del profesorado de secundaria por fin han aparecido recogidas ahora en el proyecto de la futura Ley de la Calidad.

En los años ochenta, cuando estábamos en la mejor de las situaciones para establecer un sistema educativo que asegurara a todos nuestros jóvenes la posibilidad de estudiar gratuitamente y hasta los dieciséis años aquello que quisieran aprender, se tomó la peor de las soluciones posibles: escolarizar juntos en la misma aula y hasta los dieciséis años a los que querían ir a la Universidad, a los que querían hacer una FP y a los que querían ponerse a trabajar inmediatamente. Además, para evitar que los resultados académicos fraccionaran dichos grupos, se estableció la promoción automática en función de la edad, es decir, el paso al curso siguiente sin tener en cuenta los rendimientos académicos. El resultado lo estamos viendo cada día ˇCuántos problemas nos hubiéramos ahorrado si se hubiera escuchado a los profesores de enseñanza secundaria, en lugar de imponerse el igualitarismo del itinerario único! Obligar a todos a estudiar lo mismo sólo es viable -y con correcciones- en la enseñanza Infantil y en la Primaria.

Un dato significativo es que desde la puesta en marcha de la LOGSE se ha producido una gran desbandada de las familias hacia aquellos centros, la mayoría de iniciativa privada, que les aseguraban una cierta homogeneidad en cada aula y, por lo tanto, la posibilidad de dar una buena instrucción y una buena educación. Obviamente a estos centros, unos privados y otros privados-concertados, sólo han podido acceder las familias con suficientes recursos económicos. Es decir, la LOGSE ha provocado la segregación del alumnado no en función de lo que desean estudiar, que es algo bueno, sino en función de la economía familiar, que es una gran injusticia social. Esta segregación se ha visto potenciada por la llegada de miles de alumnos inmigrantes, con pocos recursos, con desconocimiento de nuestra lengua y con una deficiente preparación académica. Por un nuevo error de nuestras autoridades académicas, que no han previsto que estas familias sólo pueden acceder a los centros públicos -los únicos realmente gratuitos-, hoy nos encontramos con que el 80 por ciento del alumnado inmigrante se matricula en la red pública. Esta errónea distribución del alumnado en cuanto a políticas de integración social se ve agravada por el hecho de que los centros públicos no sólo tienen que acoger a los alumnos conflictivos propios de su zona, sino también a los que proceden de los centros concertados.

En otros tiempos, en los Institutos se permitía que los hijos de las familias con menos recursos pudieran estudiar el Bachillerato y, gracias a esto, muchos de ellos son hoy médicos, arquitectos, profesores, empresarios... En la actualidad, en cambio, esos mismos centros tienen dificultades para llenar sus aulas y poder seguir ofertando el Bachillerato. Si se quiere evitar una futura fractura social hemos de acabar ya con la actual segregación económica del alumnado.

La existencia de todos los itinerarios (Tecnológico, Científico y Humanísitco) en todos los centros independientemente del número de alumnos y la derogación de la promoción automática son requisitos imprescindibles para asegurar una enseñanza de calidad a todos los alumnos, independientemente de su economía familiar. También es necesario establecer aulas especiales donde se enseñe nuestra lengua a los alumnos inmigrantes que la desconocen, que éstos sean incorporados a los cursos teniendo en cuenta su preparación académica y no sólo su edad y que los centros concertados acojan un porcentaje de alumnos inmigrantes similar al de los públicos. Si ello no se hace, el futuro académico de los alumnos dependerá casi exclusivamente del barrio en el que vivan.

Finalmente, queda destacar que, si se quiere hacer un seguimiento del grado de conocimientos al final de la ESO tras la aplicación de la futura Ley de la Calidad, resulta necesario que ya antes de su aplicación se establezcan controles externos a los centros para conocer el punto de partida de cada uno y, además, que se apliquen las mismas pruebas -con ligeras y lógicas variaciones- en todas las Comunidades Autónomas. Asimismo, la Comisión de Educación de la UE debería establecer unos controles similares en todos los países de la Unión, pensando en la necesaria mejora de los distintos sistemas educativos europeos. Sólo así podremos conocer qué tipo de cambios necesitamos para mejorar.