REFLEXIONES SOBRE LA FUTURA

LEY DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Antonio Jimeno Fernández. Presidente de la asociación sindical "Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES)" Barcelona. E-mail: ames@colegio.net

Índice

  1. El cumplimiento de la ley

2. Las pruebas de acceso al Bachillerato y a los CFGM

3. Crítica a algunos aspectos de la ley

  1. El cumplimiento de la ley

El objetivo último de una ley sobre la calidad de la educación ha de ser acabar con el bajo rendimiento académico de los alumnos y con la desorientación actual respecto a los procedimientos para conseguirlo.

En una sociedad moderna y libre, lo que los ciudadanos esperan de sus gobernantes es un conjunto de leyes que, dejando un amplio marco de libertades de actuación, aseguren a toda la población que los servicios y los bienes de consumo tienen calidad, y que los procesos seguidos para producirlos también son correctos. Por lo tanto, lo ideal es que la futura Ley de la Calidad de la Educación consiga un aumento de la calidad de la educación con el menor grado de intervencionismo del Estado. La futura ley no debe plantearse medidas que supongan recortar la libertad de cada centro escolar sobre como ha de agrupar a sus alumnos, sino estrategias sobre cómo mejorar el rendimiento académico de estos, cómo asegurar a las familias y a la sociedad que las calificaciones reflejan realmente los conocimientos adquiridos por los alumnos, y sobre cómo conseguir que la enseñanza se realice de la mejor forma posible para respetar las diferentes capacidades e interés del alumnado.

Una ley que, con la mejor de las intenciones, detallara en exceso lo que se puede y lo que no se puede hacer, no ayudaría a obtener esos objetivos sino todo lo contrario. Sería, con razón, fácilmente criticable, comportaría un desgaste político del legislador y, además, como se vería que no comportaba soluciones a los problemas, acabaría siendo derogada.

La Ley de la Calidad debe servir para coordinar y vertebrar todo el sistema educativo español, es decir para que no existan 17 sistemas educativos sino sólo uno. Aunque éste es el objetivo perseguido por los dos Reales Decretos de Mínimos 3473 y 3474, de 29/12/2000 (BOE del 16/01/2001), si no hay un control externo de los conocimientos de los alumnos por parte de la Administración, tanto de la Central como de la Autonómica actuando conjuntamente, muy probablemente estos dos decretos y toda la Ley de la Calidad, probablemente no se cumplirán, ya que algunas Consejerías de Educación, no partidarias de los principios que inspiran la LCE, pueden tender a encubrir su incumplimiento en los centros y a hacer una aplicación poco rigurosa de sus principios. Una prueba de ello lo tenemos en el borrador del diseño curricular de la ESO y del Bachillerato en Cataluña, en el que, en algunas materias, se incumple el RD 3473 y el RD 3474.

La forma más sencilla de hacer que se cumplan los RRDD y la futura LQE, es la introducción en nuestro sistema educativo de una prueba sobre dichos conocimientos mínimos para todos los alumnos que, después de la ESO, quieran acceder al Bachillerato o a los Ciclos Formativos de la FP. Dejar el control del cumplimiento de los Decretos de Mínimos y de la LCE a la Alta Inspección del Estado es una tarea inabarcable y que puede generar infinidad de conflictos competenciales. Lo que se debe hacer es sencillamente establecer unas medidas que conlleven su cumplimiento.

2. Las pruebas de acceso al Bachillerato y a los CFGM

La introducción de una prueba de acceso al Bachillerato y a los Ciclos Formativos de Grado Medio de la Formación Profesional sería una de las medidas más sencilla y más eficaz para mejorar totalmente nuestro sistema educativo. No se trataría de una revalida de las notas de la ESO, sino de una prueba posterior a la obtención del Título de Graduado en ESO que sólo sería obligatoria para los alumnos que quisieran acceder a estudios posteriores. Así pues, estas pruebas, no comportarían un descenso del porcentaje de alumnos que aprueban la ESO. Debería ser una prueba diseñada conjuntamente por cada Consejería de Educación y el MEC a través de la Alta Inspección, que podría realizarse en cada centro, y cuya superación sería imprescindible para poder iniciar el Bachillerato o la Formación Profesional. Se trataría de una prueba de conocimientos mínimos. En la calificación final se debería tener en cuenta tanto la nota media de la prueba como la nota media del expediente del alumno. Esta prueba evitaría que los alumnos que no están suficientemente preparados, por ejemplo aquellos que han cursado el denominado itinerario pre-laboral o de orientación tecnológica, pudieran acceder al Bachillerato y a los Ciclos Formativos. Si esto no se evita, probablemente se producirá una progresiva degradación de estos estudios y posteriormente también de los estudios universitarios, es decir de todo nuestro sistema educativo.

Al igual que sucede en las PAAU esta prueba constaría de unos exámenes sobre materias comunes, idénticos para todos los alumnos fuera cual fuera el itinerario seguido, y de unos exámenes sobre las materias propias de cada itinerario. Se podría exigir la misma calificación para acceder tanto a la Formación Profesional como al Bachillerato, o establecer dos niveles de exigencia diferentes, dado que en el Bachillerato hay materias que requieren una mayor capacidad de abstracción y que son imprescindibles para poder cursar luego una carrera universitaria. En la elección del modelo a seguir se debería tener en cuenta que hoy 2/3 de los alumnos de la ESO quieren estudiar Bachillerato y sólo 1/3 quiere estudiar Formación Profesional, mientras que las proporciones que hoy precisa nuestro país son justamente las contrarias. Por ello, al principio y de forma transitoria, tal vez habría que hacer más fácil el acceso a la Formación Profesional.

La introducción de esta prueba comportaría muchos beneficios. Uno de ellos es que, debido a la exigencia que implica tener que superar una prueba externa, los alumnos de ESO se verían mucho más motivados a estudiar. Otro es que, al volver a ser importante la preparación de los alumnos, sus profesores recuperarían la ilusión en su función docente.

Además, en cada centro, para poder formar mejor a sus alumnos, voluntariamente ya se establecerían varios itinerarios diferentes en el segundo ciclo de la ESO, según sirvieran para preparar el acceso al ámbito científico, al técnico, al humanístico o a los programas de garantía social (PGS). Es decir que ya no sería necesario vigilar el cumplimiento de los itinerarios propuestos por la LCE, tarea muy difícil de realizar en determinadas CCAA, sino que serían los propios centros los más interesados en hacerlo, ya que en los grupos homogéneos es más fácil conseguir una mayor adecuación entre lo que se enseña y los intereses y capacidades de los alumnos.

Otros beneficios que se derivarían de introducir esta prueba son que se aseguraría un buen nivel inicial en los alumnos que acceden al Bachillerato y a la Formación Profesional, que se igualarían los contenidos y los niveles en todos los centros públicos y privados del país, y que así existiría un control objetivo y continuo por parte del Estado de la calidad de todos los centros, siendo pues innecesaria la denominada "evaluación de centros". En el Documento de Bases de la LCE del 11 de marzo, sólo existe un control así en el caso de los alumnos que finalizan el Bachillerato. Es decir que la Administración, en la enseñanza secundaria previa, la única que sí es común a todos los ciudadanos, estaría incumpliendo su obligación más importante, que es evitar la posibilidad de que se cometan fraudes con las calificaciones, es decir que algunos centros den unas calificaciones mucho más altas de lo que corresponde, para tener suficientes alumnos con los que llenar sus aulas de Bachillerato y de Ciclos de Formación Profesional.

La futura Ley de Calidad de la Enseñanza ha de establecer en el mundo de la enseñanza las mismas garantías de calidad que otras leyes similares establecen en el mundo de la agricultura, de la industria o de la sanidad. Ha de conseguir que, sin recortar las libertades individuales y la capacidad de actuación de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, se asegure a toda la sociedad en general y a las familias en particular, que las calificaciones que dan los centros educativos realmente reflejan el grado de preparación de los alumnos, que los procesos de enseñanza se realizan en la forma en que mejor se puede adecuar los conocimientos transmitidos a las capacidades e intereses de los alumnos, y que el sistema estimula el esfuerzo del alumno y su capacidad de superación, que tan importantes serán para su vida de adulto.

Lo más importante para el futuro de un país es la formación y la capacidad de superación de sus jóvenes. Por lo tanto, tener un sistema educativo que favorezca esos dos objetivos ha de ser un tema prioritario merecedor de un gran pacto de Estado. Las fuerzas políticas que no se quieran sumar a dicho pacto probablemente perderán gran parte de su crédito.

3. Crítica a algunos aspectos de la ley

A partir del Documento Base de la Ley de la Calidad de la Educación del 11 de marzo del 2002, ya se conocen algunas características de la futura Ley de la Calidad de la Enseñanza (LCE). Las cuatro más importantes son: 1) Posibilidad de repetición de curso siempre que sea necesario. 2) Establecimiento de itinerarios en el segundo ciclo de la ESO. 3) Instauración de una Prueba General de Bachillerato. 4) Sustitución de un modelo que pone el acento en mantener la diversidad dentro del aula por un modelo basado en premiar el esfuerzo y en adecuar los conocimientos a las diferentes capacidades.

A continuación se hace una crítica constructiva a cada una de estas medidas, se comenta por qué ellas solas no resultarían suficientes y se defiende la necesidad de introducir una prueba de acceso al Bachillerato y a los CFGM.

 

  1. Posibilidad de repetición de curso siempre que sea necesario.
  2. Esta medida es imprescindible. Cumple el criterio, antes explicado, de que las leyes han de proporcionar el máximo de libertad a los ciudadanos y, a la vez, protegerlos de posibles fraudes. En la actualidad, los alumnos de ESO no pueden repetir entre primero y segundo de ESO, ni entre tercero y cuarto de ESO. Son frecuentes las peticiones de los padres y de los profesores de que con muchos alumnos sería mejor hacer excepciones y que pudieran repetir curso. Por lo tanto esta medida aumenta la libertad de los alumnos, de las familias y de los centros. También se evita el fraude, ya que obligar a pasar al curso siguiente a un alumno que no está preparado para ello en realidad es condenarlo a fracasar durante todo el resto de su escolarización y, por lo tanto, es engañarlo, es decir hacer un fraude.

    Para la correcta evaluación del alumnado es necesario devolver a cada profesor la competencia sobre la calificación final de su materia, restablecer el criterio de que con más de dos materias no se puede pasar al curso siguiente, y establecer exámenes en septiembre para dar un tiempo suficiente al alumno para poder recuperar los contenidos pendientes y para educarle en el esfuerzo y la responsabilidad.

    Parece correcto fijar un límite para poder disfrutar de enseñanza gratuita (en la enseñanza pública y en la enseñanza concertada), si los resultados no son los esperables (excepto para los alumnos de educación especial). Es aceptable un límite de 18 años para acabar la ESO en la red pública, que no quiere decir necesariamente en el mismo centro, ya que el derecho de admisión, ante alumnos conflictivos, es un elemento educativo muy importante. Pasada esa edad, los alumnos podrían acudir a centros gratuitos nocturnos o a la enseñanza no subvencionada.

  3. Establecimiento de itinerarios en el segundo ciclo de la ESO.

Esta medida, pese a que es muy conveniente y pese a que muchos profesores la hemos solicitado públicamente desde hace ya muchos años, no debería tener carácter obligatorio en la ley sino ser solamente una recomendación. El motivo es que si se obliga a todos los centros a establecer tres itinerarios pueden generarse muchos problemas. A continuación se citan algunos de ellos.

a) En centros con sólo dos líneas de ESO y con pocos alumnos por aula, que hoy ya son muchos, establecer tres vías diferentes origina tres grupos tan pequeños que, el costo del profesorado, hace que dicha medida sea económicamente difícil de mantener y, por lo tanto, a la larga, es inviable. No hay que olvidar que la aplicación de la LCE no la hace el MECD sino cada una de las CCAA. Además, en muchos centros de dos líneas de ESO tal vez no hay aulas suficientes para hacer tres itinerarios. La otra solución es determinar que en esos centros sólo se hagan dos itinerarios. Esto obligaría a tener que decir a algunos alumnos que han acabado 2º de ESO, que han de abandonar el centro, con el consiguiente enfado de sus familias, sobre todo si se trata de zonas rurales, donde el siguiente centro próximo está muy lejos. En una situación así y, sobre todo, si hay pocos alumnos, lo que probablemente sucederá es que los centros dirán a todos sus alumnos que pueden hacer uno de los dos itinerarios que ellos ofrecen, aunque en realidad para algunos alumnos lo mejor sería que hicieran justamente el itinerario que el centro no imparte. En conclusión, en los centros pequeños generalmente no se cumplirá este criterio y, además, continuamente se echaran las culpas a la Ley. Como hay que evitar al máximo dictar leyes y normas que luego no se pueden hacer cumplir, lo mejor es establecer que los alumnos han de superar unas determinadas pruebas si después de la ESO quieren estudiar el Bachillerato o un CFGM de la FP, y dejar que cada centro se organice como pueda para preparar a sus alumnos. A la larga es lo más eficaz, ya que es seguro que los centros establecerán grupos para preparar las pruebas de Bachillerato, grupos para preparar las pruebas de FP y grupos para el acceso al mundo laboral, o grupos mixtos, según sus posibilidades, pero como serán los mismos centros los que libremente habrán determinado hacer itinerarios, no realizarán ninguna crítica a una ley que les permite tal libertad.

b) Incluso en los centros con tres o cuatro líneas de ESO no siempre habrá alumnos para los tres itinerarios. Por ejemplo, un año puede haber muchos alumnos para el itinerario hacia el Bachillerato, muy pocos para el itinerario hacia la FP y ninguno hacia los Programas de Garantía Social. En cambio, al año siguiente, las proporciones pueden ser diferentes. Obligar a que cada centro siempre ofrezca estos tres itinerarios, además de ser difícil de controlar, puede incluso ser una incongruencia.

c) Muy probablemente los centros concertados con suficientes solicitudes de entrada en 3º de ESO, intentaran reducir al mínimo la vía de los alumnos que después de la ESO ya no quieren seguir estudiando, ya que estos alumnos ofrecen menos atractivo económico que los que luego pueden cursar Bachillerato o FP en el centro. Además, estos alumnos generalmente son los más conflictivos. Estos centros, mediante expedientes y recomendaciones subliminales a las familias, derivarán dichos alumnos hacia el centro público más próximo. Al quedar pocos alumnos así, podrán justificar que dichos alumnos sería mejor que fueran a otros centros donde si haya grupos para ellos. Esto comportará que los centros públicos serán los únicos que ofrecerán el itinerario para los alumnos que luego no quieren seguir estudiando, con la consiguiente concentración de este tipo de alumnos. Esto puede disminuir, por falta de aulas, la oferta de plazas para las otras vías en la red pública, que es la única totalmente gratuita. En una situación así, solamente la existencia de unas pruebas a superar para poder seguir estudiando el Bachillerato o la FP, animará a los profesores de la enseñanza pública a establecer voluntariamente grupos en los que haya exigencia y buena preparación, con lo que los centro públicos volverán a permitir que los hijos de las familias más desfavorecidas puedan acceder a la cultura, cosa que en la actualidad se está acabando. Si no se establecen estas pruebas, si nadie va a controlar lo que saben los alumnos al finalizar la ESO, el profesorado, para conservar su lugar de trabajo, va a acabar regalando el título de la ESO, con el consiguiente fraude a esos alumnos, que al estar mal preparados ya no podrán seguir estudiando, quedando así fuera de los circuitos de la cultura y de la promoción profesional.

d) Las editoriales protestarán, con razón, contra la idea de hacer tres libros diferentes para cada materia, uno para cada nivel, es decir para cada itinerario. No hay que olvidar que las Editoriales ya están en una situación muy difícil. Antes se editaba un solo texto por materia para toda España, en cambio, actualmente, han de adaptarse a las concreciones de cada una de las diecisiete CCAA. Si ahora, además, se tuvieran que hacer dos o tres textos para cada materia de cada Comunidad Autónoma, se pondría en peligro la supervivencia de las Editoriales pequeñas, por lo que podría disminuir la diversidad de textos a escoger. Esto significaría un empobrecimiento de todo el sistema educativo. No hay que olvidar que si el actual sistema no se ha desmoronado totalmente ha sido gracias a la existencia de unos textos que sirven de referencia. En resumen, para el mundo editorial lo mejor sería no definir por ley textos distintos para tres itinerarios diferenciados, sino dejar en manos de cada centro esta decisión. Como entre todas las editoriales ya se ofrece en el mercado una diversidad suficiente de textos, cada centro fácilmente encontrará el texto que le resulte más apropiado para cada una de sus itinerarios.

e) Si no hay el objetivo de superar una prueba externa para poder iniciar luego el Bachillerato o un Ciclo Formativo, el alumnado seguirá apático. Las actuales pruebas de acceso a la Universidad, las PAAU, son una buena prueba de ello. El antiguo COU y el actual segundo de Bachillerato son una muestra de cómo la gran mayoría de los estudiantes se sienten impelidos a trabajar como nunca y a dar un rendimiento académico muy superior a lo que en ellos era normal. Eso se consigue a pesar de que en las PAAU hay un 90% de aprobados. Todos los profesores sabemos que de suprimirse las PAAU y no establecer unas pruebas similares, el nivel de los estudiantes caería en picado.

En resumen, si se acepta la idea de establecer unas pruebas de acceso al Bachillerato y a los Ciclos Formativos de la FP, en las que se compruebe si los alumnos están o no suficientemente bien preparados, lo mejor sería que la Ley de la Calidad de la Enseñanza sólo hiciera una recomendación sobre la conveniencia de establecer itinerarios por centros de interés en el segundo ciclo de la ESO, y que dejara total libertad para que cada centro estructure los grupos en función de la realidad cambiante del lugar donde está. Es seguro que, para poder preparar mejor a sus alumnos, los centros ya los subdividirán en grupos homogéneos, con lo que se conseguirá lo que se pretendía.

3) Instauración de una Prueba General de Bachillerato.

Es totalmente acertado que entre el Bachillerato y la Universidad se introduzca un control externo. Si éste es una PGB en lugar de una prueba de acceso a la Universidad, como hasta ahora sucede, se posibilita que las ventajas derivadas de la prueba, como son el estímulo del esfuerzo y el control oficial del sistema, se extiendan también a la FP, lo cual es muy conveniente. Hasta aquí todo es correcto, pero hay que evitar que los alumnos que quieran acceder a unos estudios para los cuales hay más solicitudes de entrada que plazas, deban realizar numerosas pruebas de acceso en centros diferentes. Es pues necesario establecer que la Prueba General de Bachillerato permita el acceso a la Universidad Pública sin necesidad de Pruebas de Acceso. Para ello es suficiente establecer un baremo con una influencia diferente de cada asignatura según la carrera a la que se quiera acceder.

4) Sustitución de un modelo que pone el acento en mantener la diversidad dentro del aula por un modelo basado en premiar el esfuerzo y en adecuar los conocimientos a las diferentes capacidades.

Esta medida es claramente necesaria y la mejor forma de aplicarla es mediante la instauración de un control externo de los conocimientos de los alumnos. La mejor manera, sino la única, de conocer la eficiencia de un proceso es analizando los resultados. Un centro y un sistema educativo es mejor que otro si al final el nivel general de todos sus alumnos (los de capacidad alta, los de capacidad media y los de capacidad baja) es más alto. No hay una forma mejor de hacer esta comprobación.

Otra medida relacionada con la cultura del esfuerzo necesaria para mejorar la futura ley de la calidad es el establecimiento de mecanismos para asegurar que todos los alumnos de Primaria que acceden a la ESO están suficientemente preparados.

 

Barcelona a 26 de marzo del 2002

 

 

Antonio Jimeno Fernández

Presidente de AMES

ajimeno@pie.xtec.es