REFLEXIONES SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA FUTURA LEY ORGÁNICA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (LOCE)

Antonio Jimeno Fernández. Catedrático de Instituto y Presidente de la asociación sindical "Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES)" Barcelona. E-mail: ames@colegio.net

1. El anteproyecto de la nueva Ley

El 10 de mayo del año 2002 se hizo público el anteproyecto de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE). Los cambios más importantes son el fin de la promoción automática, que quedará sustituida por la promoción en función del rendimiento académico (no se podrá pasar al curso siguiente si se tiene más de dos asignaturas suspendidas), y el fin de la comprensividad en el segundo ciclo de la ESO, es decir el mantenimiento de todos los alumnos de la misma edad en la misma aula, que quedará sustituida por dos itinerarios en el tercer curso y por tres itinerarios en el cuarto curso, más un itinerario prelaboral para los que no quieren seguir estudiando. Estos dos cambios recogen las peticiones de la mayoría de los profesores de enseñanza secundaria y, por lo tanto, cuentan con un amplio consenso en la comunidad educativa. Sin embargo, en nuestra opinión, el anteproyecto presenta algunas lagunas en su articulado. Las principales son que faltan las medidas necesarias para asegurar que estos cambios realmente se realicen, que existe un vacío normativo en el paso de la ESO al Bachillerato y a la FP, que se ha complicado en exceso el paso del Bachillerato a la Universidad, y que no se aporta una solución buena y definitiva sobre como se ha de impartir la enseñanza de la religión. En este artículo se hace una crítica constructiva sobre cada uno de estos cuatro puntos, se hacen propuestas de cómo se podrían solucionar y se comentan algunos aspectos menores que, en nuestra opinión, también sería preciso mejorar.

2. El paso desde la ESO al Bachillerato y a la FP

En el artículo 30 del anteproyecto de la LOCE se indica que habrá un único título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que en él constará la nota media, que dicho título permitirá acceder al Bachillerato y a la Formación Profesional de grado medio, y que, además, cada alumno recibirá un informe de orientación escolar para su futuro académico y profesional que tendrá carácter confidencial, es decir, no tendrá valor académico. De no cambiarse este criterio, nos encontraremos con que los alumnos que han aprobado la ESO haciendo el itinerario más sencillo, el denominado Itinerario Tecnológico, legalmente luego pueden matricularse en cualquiera de las tres modalidades del Bachillerato y, lamentablemente, algunos así lo harán. En cambio los alumnos que han cursado, pero no aprobado, el itinerario idóneo para una determinada modalidad del Bachillerato, pese a estar mucho más preparados que los anteriores, deberán repetir el cuarto curso de la ESO. Debido a ello, lo que cabe esperar es que, con los años, la vía fácil será la preferida por los alumnos poco trabajadores y que en los itinerarios más exigentes se rebajarán los niveles para no aumentar más los agravios comparativos.

Para evitar este problema la solución más sencilla es que el Título de Graduado en ESO vaya acompañado de un subtítulo en el que se indique el nombre del itinerario seguido, y establecer en la normativa que, si el alumno desea acceder a unos estudios diferentes a los propios del itinerario cursado, deberá superar previamente una prueba de acceso a dichos estudios (prueba de acceso al Bachillerato y a la FP de grado medio). Se trataría de una prueba sobre los conocimientos mínimos imprescindibles para poder seguir con provecho dichos estudios. Si esta medida no se establece, lo que probablemente sucederá es que se producirá un rápido deterioro de nuestro Bachillerato, de sólo dos años, el más breve de Europa y, posteriormente, de todos nuestros estudios universitarios.

Si el MECD no acepta incluir el nombre del itinerario seguido en el Título de ESO, la única solución que queda es que sean todos los alumnos que quieran seguir estudiando después de haber aprobado la ESO, los que deban realizar una prueba externa de acceso al Bachillerato y a la Formación Profesional. Los detalles de cómo deberían ser dichas pruebas aparece en el apartado 4 de este artículo.

3. El paso desde el Bachillerato a la Universidad

Desde los años setenta las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), la famosa "selectividad", ha cumplido perfectamente sus cuatro objetivos:

a) Seleccionar a los mejores alumnos de entre todos los que querían acceder a una Universidad en la que no se disponía de plazas suficientes para todos.

b) Conseguir que los alumnos del antiguo COU y del actual segundo de Bachillerato estudiaran mucho más que en los cursos anteriores y que adquirieran los hábitos de estudio indispensables para seguir luego una carrera universitaria.

c) Que se igualaran los conocimientos y niveles finales en todos los centros educativos, públicos y privados, de todo el Estado.

d) Que hubiera una garantía por parte de la Administración educativa de la veracidad de las calificaciones.

Todos los profesores sabemos que, si no hubiese sido por las PAU, los alumnos de COU hubiesen estudiado mucho menos, sabrían mucho menos y, por lo tanto, los niveles de nuestras Universidades serían hoy mucho más bajos.

Las PAU son, todavía hoy, la única prueba externa a los centros y el único examen de Estado que permite constatar oficialmente las calificaciones impartidas por los centros privados. Desgraciadamente, sólo la realizan aquellos alumnos que quieren acceder a la Universidad. Parece como si el Estado se hubiera desentendido de velar por el control de la educación en el resto de los niveles educativos, los que sí abarcan a toda la población.

En la LOU y en el anteproyecto de la LOCE se ha establecido sustituir las actuales PAU por una Prueba General del Bachillerato (PGB), la vulgarmente llamada "reválida", al final del Bachillerato, y autorizar que cada una de las Facultades que lo precise, organice las pruebas de acceso que considere más conveniente. Este nuevo sistema tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que, actualmente, el título de Bachiller puede ser concedido por cualquier centro autorizado a un alumno que no lo merece, porque se sabe que no se va a presentar a las PAU, mientras que en el futuro todos los alumnos que obtengan el título de Bachiller será porque han superado una prueba externa de Estado. Esto permitirá que nuestros títulos de Bachiller sean homologables con los de otros países europeos. El inconveniente del futuro sistema, en que cada Facultad puede organizar su prueba de acceso, es que cada alumno puede acabar haciendo tantas pruebas de acceso como Facultades quiera asegurar, con el peligro, casi seguro, de que esto sea imposible, porque muchas veces coincidirán las fechas de dichas pruebas.

Una posible solución para todas las Universidades públicas sería no hacer ninguna prueba de acceso después de la PGB, sino utilizar las calificaciones obtenidas en la PGB en cada una de las materias, dándoles un importancia diferente según la carrera que se quiere cursar, y conceder las plazas en función de esas calificaciones. Es decir que el alumno con mejor nota sería el primero en elegir en qué Facultad desea estudiar.

Otra solución sería que todas las Facultades del Estado que imparten carreras del mismo ámbito, se coordinaran para hacer la misma prueba de acceso y en el mismo día, que los alumnos se presentaran en la Facultad más próxima, que indicaran su orden de prioridad respecto a cada una de las Facultades y que se concedieran las plazas en función de los resultados académicos. Es decir que, igual que en la solución anterior, el alumno con mejor nota fuera el primero en elegir en qué Facultad desea estudiar.

La mayoría de los alumnos que quieren estudiar una determinada carrera universitaria, lo quieren hacer en una de las Facultades que le quedan más próximas. Sólo unos pocos priorizan que sea en una de las que tienen más prestigio. En realidad esta opción sólo es posible para los alumnos cuyas familias tienen medios económicos suficientes para costearles la estancia en otra ciudad. Es decir que la Administración debería instaurar becas que cubran el alojamiento y la manutención, en un número suficiente, si quiere asegurar realmente la igualdad de oportunidades y que a las mejores Universidades vayan los mejores alumnos, independientemente de los recursos familiares.

4. El incumplimiento de la LOCE o el establecimiento de pruebas de acceso al Bachillerato y a la FP

Toda ley precisa de medidas que permitan velar por su cumplimiento y la LOCE no es una excepción. En nuestro caso, el mecanismo básico para que la Administración pueda comprobar si todos los alumnos que han aprobado la ESO han alcanzado los niveles mínimos fijados en cada uno de los itinerarios, es la realización de controles externos a los alumnos al final de la ESO. Además, sólo estos controles pueden permitir hacer cumplir la LOCE y poder hacer así un seguimiento contíniuo y cuantitativo de sus efectos. Dejar el control del cumplimiento de la LOCE y de los RRDD de Mínimos a la Alta Inspección del Estado, como actualmente plantea el anteproyecto de la LOCE en su Artículo 102, es una tarea inabarcable y que puede generar infinidad de conflictos competenciales y personales.

Un ejemplo del posible futuro incumplimiento de la LOCE que se puede dar en algunas Comunidades Autónomas lo tenemos en el borrador del futuro diseño curricular de la ESO y del Bachillerato en Cataluña. En él se incumple, en varias materias, los Reales Decretos sobre los contenidos Mínimos de las asignaturas, es decir los RRDD 3473 y 3474 de 29/12/2000 (BOE del 16/01/2001). Dicho diseño curricular, por razones obvias, a finales de mayo del 2002, todavía está pendiente de publicación, aunque ha sido facilitado a las editoriales para que éstas puedan editar los textos. Si se ha hecho con los RRDD de Mínimos, o sea con los contenidos, cabe pensar que también se puede hacer con la forma, es decir con los itinerarios y con los criterios de promoción, dos aspectos tanto más importantes ya que implican gasto económico y prestigio autonómico. O sea que la muy posible mejora de la calidad de nuestra enseñanza puede quedar en nada, por no haberse establecido los indispensables controles de calidad.

En el anteproyecto de la LOCE sólo se incluye un control externo a los alumnos al final del Bachillerato, la llamada Prueba General del Bachillerato (PGB). Esta prueba sólo afecta a los alumnos que hacen el Bachillerato y cuando ya tienen 18 o más años. O sea que la Administración, durante toda la enseñanza secundaria previa, la ESO, no está cumpliendo su obligación más importante, que es evitar la posibilidad de que se cometan fraudes con las calificaciones, es decir que algunos centros den unas calificaciones mucho más altas de lo que corresponde, engañando así a los alumnos y a sus familias.

En nuestra opinión la LOCE debería establecer en el mundo de la enseñanza las mismas garantías de calidad que otras leyes similares establecen o deberían establecer por ejemplo en el mundo de la agricultura, de la industria y de la sanidad. Debería conseguir que, sin recortar las libertades individuales y la capacidad de actuación de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, se asegure a toda la sociedad en general y a las familias en particular que las calificaciones que dan los centros educativos realmente reflejan el grado de preparación de los alumnos, que los procesos de enseñanza se realizan en la forma en que mejor se pueden adecuar los conocimientos transmitidos a las capacidades e intereses de los alumnos, y que el sistema estimula el esfuerzo del alumno y su capacidad de superación.

En nuestra opinión no sería necesario establecer una reválida de las notas de la ESO, sino que sería suficiente establecer una prueba posterior a la obtención del Título de Graduado en ESO, que sólo sería obligatoria para los alumnos que quisieran acceder a estudios posteriores. Así esta prueba no comportaría un descenso del porcentaje de alumnos que aprueban la ESO. Es decir, la prueba que proponemos se parecería más a las actuales PAU que a la futura PGB. La introducción de esta prueba sería una de las medidas más sencillas y más eficaces para mejorar totalmente nuestro sistema educativo.

Debería ser una prueba diseñada conjuntamente por cada Consejería de Educación y el MECD, a través de la Alta Inspección. Podría realizarse en cada centro pero por profesores distintos a los del centro y siempre pertenecientes al cuerpo de secundaria. Su superación sería imprescindible para poder iniciar el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio.

Se trataría de una prueba de conocimientos mínimos. En la calificación final se debería tener en cuenta tanto la nota media de la prueba como la nota media del expediente del alumno, siempre que no distara más de dos puntos, lo cual nos indicaría que el centro ha aumentado la nota de los alumnos a fin de favorecerlos. Esta prueba evitaría que los alumnos que no están suficientemente preparados pudieran acceder al Bachillerato y a la FP de grado medio. Si no se estableciera, probablemente se producirá una progresiva degradación de estos estudios, como ya se ha dicho anteriormente.

 

Al igual que sucede en las actuales PAU y en la futura PGB, esta prueba constaría de unos exámenes sobre materias comunes, idénticos para todos los alumnos fuera cual fuera el itinerario seguido, y de unos exámenes sobre las materias propias de cada itinerario. Otra posibilidad es que también en las materias comunes se realicen exámenes diferentes, según el itinerario cursado. En este caso serían más exigentes en el itinerario dirigido al Bachillerato, dado que en él hay materias que requieren una mayor capacidad de abstracción, materias que resultan imprescindibles para poder cursar luego una carrera universitaria. En la elección del modelo a seguir se debería tener en cuenta que hoy 2/3 de los alumnos de la ESO quieren estudiar Bachillerato y sólo 1/3 quiere estudiar Formación Profesional, mientras que las proporciones que hoy precisa nuestro país, son justamente las contrarias.

Si un alumno quisiera tener la posibilidad de iniciar tanto un Bachillerato como una FP de grado medio, bastaría con que superara las pruebas sobre las materias propias de las dos opciones. Igualmente, si los alumnos que han cursado un Programa de Iniciación Profesional (PIP), quisieran acceder al Bachillerato o a la FP de grado medio, bastaría que superaran la prueba correspondiente. Con ello se evitaría la "segregación" que el actual sistema educativo impone a los alumnos que no obtienen el graduado en ESO, aproximadamente el 30% de nuestros alumnos. Esta prueba podría denominarse Prueba de Acceso al Bachillerato y a los Ciclos Formativos de grado medio (PABYC).

La introducción de esta prueba (PABYC) comportaría muchos beneficios. Uno de ellos es que, debido a la exigencia que implica tener que superar una prueba externa, los alumnos de ESO se verían mucho más motivados a estudiar. Otro es que, al volver a ser importante la preparación de los alumnos, sus profesores recuperarían la ilusión en su función docente.

Otros beneficios son que se aseguraría un buen nivel inicial en los alumnos que acceden al Bachillerato y a la Formación Profesional, que se igualarían los contenidos y los niveles en todos los centros públicos y privados del país, y que existiría un control objetivo y continuo por parte de la Administración de la calidad de todos los centros, siendo pues innecesaria la denominada "evaluación de centros".

Si en un primer momento el MECD no considerara prudente establecer estas pruebas, por preferir un cambio más gradual, debería, al menos, determinar que las "Pruebas Generales de Evaluación" previstas en los Artículos 29 y 95 del anteproyecto, que tienen valor de diagnóstico pero que carecen de valor académico, deben ser realizadas por todos los alumnos que habiendo finalizado la ESO hayan decidido seguir estudiando. Esto permitiría detectar los posibles desajustes y familiarizar a toda la comunidad educativa con dichas pruebas, con lo que se facilitaría su posterior aceptación como pruebas con valor académico si ello fuera necesario.

 

5. La enseñanza de la religión

En la disposición adicional segunda del anteproyecto de la LOCE se establece que, en la asignatura "Sociedad, Cultura y Religión (SCR)", a cada alumno se le ofrecerá elegir entre la "opción confesional" y la "opción no confesional". El contenido de la opción confesional será determinado por cada autoridad religiosa y el contenido de la opción no confesional será determinado por el Gobierno. El profesorado de SCR que no pertenezca al cuerpo de funcionarios docentes, tendrá un contrato laboral coincidente con un curso escolar, cuya retribución será la que corresponda a un profesor interino.

Se sabe que las opciones confesionales hoy previstas son cuatro: la católica, la evangelista, la islámica y la judía. También se sabe que en la "opción no confesional" se pretende dar una visión de todas las religiones importantes (las cuatro anteriores más el hinduismo y el budismo), del humanismo no religioso (el ser humano, la comunidad, el entorno natural y la felicidad, bajo una perspectiva no religiosa), de las antiguas mitologías y de las sectas, y de las principales declaraciones, normas y principios que afectan a nuestra sociedad.

Los problemas que se derivan de este planteamiento son:

1) No parece correcto que para los alumnos que han elegido la opción confesional, no se asegure que también conocerán los mismos aspectos que se han considerado "mínimos imprescindibles" para los que han elegido la opción no confesional. En un mundo global gracias a la TV, la facilidad de viajar, el internet y la llegada constante de inmigrantes, no parece aceptable que gran parte de los alumnos desconozcan esos mínimos. No hay que olvidar que hoy cuatro quintas partes de la humanidad orienta su vida según una u otra determinada tradición religiosa y que es muy difícil entender su forma de vivir y su legado artístico y cultural, sin conocer mínimamente su religión.

2) No parece factible atender el derecho a la "opción confesional" cuando en un curso hay muy pocos alumnos de dicha opción. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, en un curso de 30 alumnos, 10 eligen la confesional católica, 10 la no confesional, 6 la confesional islámica, 2 la evangelista y 2 la confesional judía? ¿Van a entrar en cada uno de los centros públicos y privados (religiosos y no religiosos), una persona enviada por el obispo, otra enviada por el pastor, otra enviada por el imán y otro enviada por el rabino? ¿Se ha planteado el costo que ello puede suponer? ¿Se han valorado los problemas que pueden surgir de potenciar, dentro de cada centro, las diferentes confesiones, respecto a la forma de vestir, al seguimiento del calendario, a los símbolos religiosos y a la forma de celebrar las fiestas?

3) Los centros educativos tienen su propia dinámica y cualquier profesor experimentado lo sabe. Cada asignatura tienen unos programas que hay que enseñar obligatoriamente, unos exámenes a superar y una evaluación global que da lugar a una calificación que ha de ser cotejable con las calificaciones de las otras asignaturas. Todo lo que se separe de esto, más pronto o más tarde, acaba originando conflictos. Al alumno se le puede exigir que conozca unos determinados mínimos pero no que obligatoriamente los asuma. Por ejemplo, se le puede exigir que sepa ecología pero no que sea ecologista, que conozca el marxismo pero no que sea marxista, que conozca la religión católica pero no que viva como un católico y eso, aunque esté cursando la opción confesional católica. ¿Qué profesor va a suspender a un alumno que haya superado los exámenes, por el hecho de que el alumno no cumpla con sus obligaciones religiosas? Tampoco es aceptable que las calificaciones de las asignaturas del área SCR no tengan el mismo peso que las demás calificaciones para decidir si supera o no la ESO o el Bachillerato.

Una alternativa al planteamiento que sobre la enseñanza de la religión en la ESO y el Bachillerato se hace en el anteproyecto de la LOCE, consiste en considerar que todos los alumnos han de estudiar obligatoriamente los mismos contenidos, los que la Administración educativa determine para el área de "Sociedad, Cultura y Religión", que las calificaciones de las asignaturas de esta área han de tener el mismo valor académico que las de las otras áreas, y que en el menor tiempo posible la Administración deberá convocar oposiciones para acceder al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de SCR en los centros públicos.

Una vez determinado que los contenidos han de ser los mismos en todos los centros, se podría dejar que en cada uno de ellos, en coincidencia con su ideario, se decidiera si se van a impartir bajo un enfoque aconfesional o bajo un enfoque confesional y cuáles de ellos. En los centros públicos, obviamente, se seguiría la opción aconfesional, aunque, a decisión del centro, se podría también establecer opciones confesionales. En los centros concertados confesionales, en el caso de un conflicto con un alumno de otra confesión religiosa, se aplicaría el criterio del mal menor y se le ofrecería una plaza similar en un centro público.

Si los acuerdos suscritos, entre el Estado Español y la Santa Sede u otras confesiones religiosas, obligaran a que el Estado debiera destinar más recursos a la enseñanza confesional de dichas religiones a los jóvenes en edad escolar, esta enseñanza se podría realizar en los propios centros de dichas confesiones religiosas, en las parroquias, en las mezquitas, etc., a través de las personas designadas por ellos mismos, y mediante un contrato laboral anual entre ellas y el Estado Español.

6. La carrera docente, los exámenes de septiembre y la memoria económica

En nuestra opinión la preferencia del Cuerpo de Catedráticos para la impartición del Bachillerato, debería hacerse extensiva también a los profesores del Cuerpo de Enseñanza Secundaria que en su momento superaron unas oposiciones para ser profesores de Bachillerato. Entre ellos se encuentran los del antiguo Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato. No hacerlo así, además de ser una medida legalmente muy cuestionable, no es políticamente acertada y, ante todo, es manifiestamente injusta. No es justificable que se intente premiar a unos retirando sus derechos a los otros.

Por lo que se refiere a la forma de acceso al Cuerpo de Catedráticos sería conveniente premiar al antiguo profesorado que pacientemente ha soportado años de empeoramiento en sus condiciones de trabajo, estableciendo un período transitorio de cinco años para convocar un único acceso al Cuerpo de Catedráticos por méritos.

En cuanto al acceso por oposición al Cuerpo de Catedráticos, entendemos que al candidato a ser Jefe de un Departamento Didáctico, se le debería exigir un mínimo de experiencia docente. La formación científica es muy importante, pero en Secundaria también lo es la experiencia en las clases. Dos años de experiencia docente no es excesivo y entra dentro de lo que la prudencia aconseja.

Debería reformarse la Transitoria Cuarta de la LOGSE. El apartado tercero de la transitoria cuarta debe ser derogado y redactado de nueva planta: debe quedar claro que la reserva de plazas para los maestros se hace con las siguientes condiciones:

a) La reserva de plazas en primer ciclo es para quienes ya se adscribieron en 1996, nunca para realizar nuevas adscripciones de quienes no lo hicieron entonces. La redacción actual permite interpretar que podrán seguir adscribiéndose indefinidamente todos los maestros que ingresaron en su cuerpo antes de 1997.

b) Que la reserva de plazas no puede ser de plazas nominadas, sino de porcentajes sobre plazas innominadas. No se debe establecer una relación de centros y especialidades de primer ciclo cuyas plazas se atribuyen expresamente al Cuerpo de Maestros —de forma totalmente arbitraria—, como se ha hecho en algunas Comunidades Autónomas. Es ilegal, impide el acceso a esas plazas de Profesores del Cuerpo de Profesores de Secundaria. Evidentemente, si la reserva se hiciese innominada, las plazas serían cubiertas por los funcionarios con más méritos y, alcanzado por uno de los cuerpos el porcentaje máximo permitido, ya el resto serían cubiertas por el otro cuerpo. Lo que es ilegal y la propia transitoria debería dejar claro, es impedir el acceso a esas plazas a quienes tienen derecho a ello. Además, debería fijarse un porcentaje máximo de reserva, para evitar que se reserve el 90%, como se ha hecho en algunos casos y solamente durante un determinado período. Ese porcentaje podría estar en el máximo de un 40% e ir decreciendo, por ejemplo, en los cinco posteriores años.

c) Que las adscripciones, en todo caso, fueron las realizadas mediante Concurso de Traslados, que no cabe obtener destino provisional en primer ciclo de la ESO a los Maestros no adscritos a Secundaria. Ello es absolutamente preciso, debido a que todos los años se están concediendo Comisiones de Servicio a Maestros no adscritos a Secundaria y que acceden a primer ciclo de la ESO desde sus destinos definitivos en plazas de Primaria o incluso de Infantil para impartir especialidades para las que se habilitaron y nunca impartieron antes.

d) Que, en todo caso, las sustituciones de los maestros adscritos a primer ciclo de la ESO, serán siempre realizadas por profesores de Secundaria que cumplan con los requisitos generales de titulación, nunca por las listas de interinos o sustitutos maestros.

e) Por último, sería necesario establecer un catálogo de asignaturas afines por departamento y establecer que, independientemente de las habilitaciones que se posean, los profesores y maestros adscritos a un departamento, únicamente podrán impartir sus asignaturas concordantes y, como mucho, las afines, nunca otras. Esto, además de redundar en la mejora del sistema, establece la igualdad entre ambos cuerpos en esta materia, ya que, de lo contrario, en caso de falta de horario, siempre tiende a ser desplazado, independientemente de su antigüedad y méritos, el profesor de Secundaria, por la sencilla razón de que se permite al docente de primer ciclo de Matemáticas, por ejemplo, completar horario con Lengua Castellana o Francés. Algo que en Secundaria debe dejar de suceder. Eso sí es un elemento contrario a todo criterio de calidad y ante el que no es posible cerrar los ojos.

Respecto a la memoria económica que acompañará a la LOCE, parece que es necesario insistir en que ha de asegurar que en todos los centros públicos, por pequeños que sean, se han de ofertar los tres itinerarios establecidos en el cuarto curso de ESO. De lo contrario no se aseguraría la igualdad de oportunidades, ya que los hijos de las familias con pocos recursos no pueden acceder a los centros concertados.

Respecto a las pruebas extraordinarias para superar las asignaturas pendientes, establecidas en el Artículo 28 del anteproyecto, conviene insistir en que deben realizarse en la primera semana de septiembre y no a finales de junio o principios de julio, para proporcionar así al alumno un tiempo suficiente de preparación. Lo que interesa es que el alumno adquiera los conocimientos que le faltan y que se eduque en el esfuerzo, y eso no es posible en sólo una o dos semanas. La preparación de exámenes durante el verano permite que los padres vean como su hijo trabaja, en lugar de ver que no tiene nada que hacer pese a haber suspendido varias asignaturas, como sucede ahora. Además, la realización de exámenes en septiembre no tiene por qué retrasar el inicio del curso o, como máximo, sólo lo retrasa una semana. La semana mejor empleada, si se ha conseguido que los alumnos suspendidos empiecen el nuevo curso bien preparados.

Antonio Jimeno Fernández